La medida aumenta la presión internacional sobre el Gobierno Petro en la recta final de su mandato, obliga a revisar su política de “Paz Total” frente a los grupos armados y podría afectar el desembolso de recursos para programas sociales y de sustitución de cultivos.
Colombia sufrió un duro revés diplomático al ser descertificada por Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, en una decisión anunciada por el presidente Donald Trump y confirmada en Washington.
La medida, que no se aplicaba desde el gobierno de Ernesto Samper en los años noventa, coloca al país en la misma lista que Bolivia, Venezuela y Myanmar, naciones señaladas por no cooperar en el control de estupefacientes.
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El presidente Gustavo Petro confirmó el anuncio durante un Consejo de Ministros la noche del lunes, lamentando que
“Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos” en operaciones contra el narcotráfico. La Casa Blanca justificó su decisión argumentando que el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia alcanzaron niveles récord bajo la actual administración y que las metas de erradicación fueron reducidas y no se cumplieron.
“El Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa”, señaló el memorando firmado por Trump, que responsabiliza directamente al liderazgo político de Petro por la situación.
Pese a la medida, Washington emitió una exención (waiver) que permitirá continuar con la cooperación antinarcóticos y otros programas de asistencia. El Departamento de Estado advirtió en un mensaje en su cuenta oficial de X que “los resultados importan” y exigió avances en el corto plazo.
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La descertificación supone un golpe simbólico para Colombia, tradicionalmente considerada un aliado estratégico de Estados Unidos en la región. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), al cierre de 2023 el país alcanzó las 253.000 hectáreas de coca, la mayor extensión registrada. Analistas advierten que la decisión está marcada tanto por factores técnicos como por consideraciones políticas y diplomáticas.
