La Fiscalía sospecha que los tres habrían cuadrado un acuerdo para liberar a un neerlandés buscado por narcotráfico. Según la investigación, el primer pago habría sido de $600 millones.
Un supuesto negocio millonario para sacar de la cárcel a un extranjero tiene en problemas a una jueza, un funcionario judicial y una abogada.
Los tres fueron capturados porque la Fiscalía sospecha que habrían movido sus fichas para conseguir la libertad del hombre.
El extranjero es Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano neerlandés requerido por las autoridades de su país por narcotráfico. Según los investigadores, el acuerdo para favorecerlo habría llegado a los $1.200 millones.
La Fiscalía asegura que la abogada Emperatriz Herrera Cuenca habría entregado $600 millones como primer pago. La idea, presuntamente, era conseguir la libertad del neerlandés por medio de un recurso legal llamado hábeas corpus, que sirve para revisar si una detención se está haciendo conforme a la ley.
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En el caso también aparece la jueza Miryan Alcira Martínez López. Según la investigación, el funcionario judicial Waldo Garavito Mejía y la abogada habrían coordinado la presentación de la solicitud para que terminara en el despacho de la jueza cuando estuviera de turno.
El 13 de junio de 2026, la jueza ordenó dejar libre al extranjero. Sin embargo, la decisión fue revocada cinco días después por otro funcionario judicial. La Fiscalía sostiene que la jueza no tenía competencia para resolver el caso y que su decisión habría sido contraria a la ley.
Ahora, las autoridades buscan establecer si realmente hubo plata de por medio y cómo habría participado cada uno.
La jueza enfrenta señalamientos por presunto cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Por ahora, se trata de acusaciones que deberán demostrarse ante la justicia.
