La decisión busca fortalecer la soberanía y reducir la presión de Washington sobre las políticas de erradicación y lucha contra el narcotráfico.
En el marco del consejo de ministros celebrado el lunes 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro anunció que las Fuerzas Militares de Colombia dejarán de depender del armamento estadounidense, decisión que calificó como un paso para recuperar la soberanía en materia de defensa.
El anuncio se produjo luego de que la administración de Joe Biden descertificara al país en la lucha antidrogas, argumentando incumplimientos en los acuerdos internacionales de control de narcóticos.
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“Se acaba la dependencia del Ejército y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos”, aseguró el mandatario, al precisar que el país comenzará a financiar la compra o producción de armas con recursos propios.
Finanzas y soberanía nacional
Petro enfatizó que esta transformación no es solo técnica sino política y económica. “Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no no será un Ejército de la soberanía nacional”, dijo durante la transmisión del consejo, subrayando que no aceptará más condicionamientos externos sobre las políticas de defensa.
También denunció que Washington ha ejercido presión sobre la estrategia antidrogas en el país, forzando a las autoridades a priorizar la erradicación forzada sobre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. “No más limosnas ni regalos”, sentenció.
Impacto de la descertificación
Aunque la descertificación no suspende automáticamente la ayuda estadounidense, sí marca un giro en la cooperación bilateral y pone en entredicho la continuidad de los recursos externos para programas de lucha contra el narcotráfico.
Según el más reciente informe de la ONU, Colombia alcanzó en 2023 las 253.000 hectáreas de cultivos de coca, el 67% del total mundial, con un aumento del 10% respecto a 2022. Washington responsabilizó a la reducción de metas oficiales de erradicación y a los fracasos de los acuerdos con organizaciones criminales.
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Con esta decisión, el gobierno busca consolidar una política de defensa independiente, aun en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, y plantea un cambio en la forma en que el país enfrenta el problema de las drogas.
