Los campos más afectados son la implementación de la Política Pública de la Mujer y la atención a la población diversa.
Este martes en el Concejo del distrito fue aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo 012, por medio del cual se expide el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión del distrito para la vigencia 2022. Casi $1 billón de pesos serán destinados por la alcaldía para diferentes obras y obligaciones financieras.
En total son $956 mil 059 millones 320 mil 563 pesos, con una variación de $130 mil millones con respecto al presupuesto para 2021, significando un aumento del 15,86%. Pero de esta robusta cifra quedaron brechas por cerrar, zanjas presupuestales que afectan a la población más vulnerable y que a pesar de ello los concejales aprobaron sin ningún escrúpulo.
Los campos de la seguridad y los programas de inversión social, quedaron relegados a cifras que para algunos concejales son un “simple saludo a la bandera” porque con ellos no se logra a realizar nada ante las mayúsculas necesidades que tiene la ciudad en estas 2 áreas.
Las cabildantes Miguelina Pacheco, Ingrid Gómez y Martha García señalaron en varias oportunidades que algunos rubros debían ser fortalecidos, agregando que el mismo presupuesto privilegiaba los gastos de funcionamiento asignando $13 millones, antes que la atención a mujeres y la población víctima.
Las diferencias son abismales, por ejemplo, la ciudad con una alta tasa de homicidios y hurto a establecimientos comerciales, y el Concejo no modificó los $3.427 millones de pesos adjudicados para este frente, de los cuales solo $2 millones son para el programa ‘Santa Marta segura’, un descuadre con la realidad que vive el distrito.
En ese mismo apartado, se estipula que los convenios con el Inpec y la Policía, costarán $400 millones para la próxima vigencia, esto sumándole, los $1.300 millones direccionados a la alimentación de las personas detenidas.
El desequilibrio se nota más en la unidad ejecutoria del campo social, donde de la estampilla del adulto mayor financiarán la política pública de la mujer; los grupos poblacionales afrocolombianos, indígenas, LGTBI, entre otros. Son alrededor de $2.795 millones para esas necesidades y $1.171 millones para la tercera edad.
La oficina de la mujer tendrá que sobrevivir con $300 millones y la cartera de Promoción Social con $59 millones para habitantes de calle, $47 millones para la comunidad diversa. Y sin sonrojarse, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y el postconflicto, los concejales se dejaron meter el ‘mico’ de $14 millones para atender a los reinsertados. No obstante, para la atención y apoyo de las víctimas ordena el presupuesto $1.808 millones, poco dinero para tanta responsabilidad.
En las arcas del distrito fueron aprobados más recursos para publicidad institucional de la alcaldía ($1.600 millones) que para atender a los discapacitados (donde solo dejaron $119.499.776 pesos).
