La investigación por la muerte de la menor de 10 años dio un giro clave luego de que la Fiscalía solicitara audiencia para imputar a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles por presuntas fallas en sus deberes de cuidado y vigilancia.
La investigación por la trágica muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció dentro de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles y fue encontrada sin vida días después en el río Frío, entró en una nueva etapa judicial luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la imputación de cargos contra dos docentes de la institución educativa.
La decisión fue anunciada por la Fiscalía Primera de Vida de Zipaquirá, que radicó una solicitud de audiencia de imputación por el delito de homicidio culposo contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, quienes tenían bajo su responsabilidad la vigilancia y protección de la menor el día en que ocurrieron los hechos.
La diligencia será presentada ante jueces con función de control de garantías de Cajicá y representa uno de los avances más importantes dentro del proceso que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior fallecimiento de la estudiante.
Valeria desapareció el 12 de agosto de 2025 durante una jornada escolar. De acuerdo con los elementos recopilados por las autoridades, la menor fue vista por última vez cuando se dirigía sola hacia una zona deportiva del colegio durante el tiempo de receso.
Su desaparición generó una intensa operación de búsqueda que movilizó a unidades de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, el CTI y organismos de socorro, que durante varios días recorrieron amplias zonas cercanas a la institución educativa con la esperanza de encontrarla con vida.
Sin embargo, tras 18 días de labores, el cuerpo de la niña fue hallado en el río Frío, cerca del plantel educativo, un hallazgo que conmocionó al país y despertó múltiples interrogantes sobre las circunstancias que permitieron que la menor desapareciera sin que se activaran mecanismos efectivos para evitar la tragedia.
Los resultados de Medicina Legal concluyeron que la causa de la muerte fue ahogamiento y establecieron que el fallecimiento ocurrió el mismo día de la desaparición.
Asimismo, los peritos descartaron signos de violencia física o alteraciones en la ropa de la menor, lo que permitió descartar inicialmente la participación de terceros mediante una agresión directa.
No obstante, la investigación continuó enfocándose en determinar si existieron posibles omisiones por parte de quienes tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad y supervisión de la estudiante dentro de las instalaciones del colegio.
Precisamente, esa línea investigativa llevó a la Fiscalía a considerar que existen elementos suficientes para solicitar la imputación de los dos docentes, con el propósito de que un juez evalúe su eventual responsabilidad en los hechos.
La audiencia marcará un momento decisivo dentro del proceso judicial, ya que permitirá conocer los argumentos del ente acusador y la posición de la defensa frente a las presuntas fallas en los deberes de cuidado que habrían facilitado la desaparición de la menor.
