Este pronunciamiento surge después de que Ospino manifestara públicamente que su familia y sus empresas estarían siendo declaradas objetivos militares por negarse a cumplir exigencias económicas.
La controversia tomó un nueva dirección. Luego de que el empresario Juan Carlos Ospino denunciara ante la Asamblea del Magdalena presuntas amenazas de grupos ilegales contra su familia y las empresas Taximarino y Centro de Vida Marino, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) publicaron un comunicado en el que se refieren directamente al empresario y cuestionan sus declaraciones.
En el documento, la organización hace varios señalamientos relacionados con supuestos acuerdos económicos, reuniones y compromisos que, según afirma, habrían sostenido con Ospino.

Una de las afirmaciones más llamativas que asegura ACSN sería el recibo de 100 millones de pesos para intervenir en situaciones relacionadas con propietarios de restaurantes de Playa Blanca, quienes, según el comunicado, habrían sido presionados para vender sus negocios y recibido menos dinero de lo esperado.
Asimismo, la organización sostiene que el empresario habría solicitado apoyo para desplazar a los carperos de ese sector y que también se habrían realizado reuniones para buscar el incremento de las tarifas del transporte marítimo y concentrar la operación en determinadas empresas.
Otra de las afirmaciones expuestas en el documento hace referencia a un supuesto compromiso de pagos mensuales de 100 millones de pesos durante varios años, a cambio de obtener el control de actividades comerciales y turísticas en el Rodadero y Playa Blanca.
Finalmente, las ACSN aseguran tener pruebas de lo que exponen y manifiestan que estarían dispuestas a hacerlas públicas si la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes. También solicitan que se indague con el sector turístico y la comunidad de El Rodadero.
Por ahora, la controversia deja sobre la mesa dos versiones y plantea interrogantes sobre los hechos denunciados, que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.


