Human Rights Watch advierte que la violencia armada y el crimen político marcaron el camino hacia las elecciones de 2026.
Colombia entra al año electoral con una herida abierta. La antesala de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 quedó marcada por una escalada de violencia armada, desplazamientos masivos y el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que estremeció al país y puso en entredicho las garantías democráticas.
Así lo expuso Human Rights Watch en su informe mundial 2025, donde advierte que el país atraviesa una de las peores crisis humanitarias de la última década, impulsada por el accionar de grupos armados, el limitado acceso a la justicia y altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
Según cifras citadas por la organización, más de 137.000 personas quedaron confinadas entre enero y agosto de 2025 por amenazas, combates y hostigamientos armados. En el mismo periodo, 544 civiles murieron o resultaron heridos por artefactos explosivos, lo que representa un aumento del 145 % frente al año anterior.
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La niñez tampoco quedó al margen de la tragedia. La Defensoría del Pueblo reportó 625 casos de reclutamiento de menores en 2024, un 81 % más que en 2023, y Naciones Unidas alertó que la tendencia continuó al alza durante 2025.
Uno de los focos más críticos es el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, donde el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC se disputan el control territorial. HRW señala que esa confrontación ha provocado una ola de asesinatos, secuestros, desapariciones y agresiones contra civiles, forzando a más de 64.000 personas a huir de sus hogares, en uno de los mayores desplazamientos masivos en décadas.
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En medio de este panorama, la violencia política golpeó de forma directa al proceso democrático. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, murió en agosto, dos meses después de haber sido víctima de un atentado en Bogotá. Su asesinato no solo conmocionó al país, sino que encendió las alarmas sobre la seguridad de quienes participan en la contienda electoral.
Human Rights Watch advirtió que este crimen “empañó” el periodo previo a las elecciones de 2026, y recordó que la Defensoría del Pueblo ha identificado riesgos para los derechos civiles y políticos en al menos 224 municipios, donde pidió la adopción de medidas urgentes.
El calendario electoral comenzará el 8 de marzo de 2026 con las elecciones legislativas y consultas internas, seguirá con la primera vuelta presidencial el 31 de mayo y, de ser necesario, una segunda vuelta el 21 de junio. Pero el informe deja una advertencia clara: Colombia llega a las urnas bajo la sombra de la violencia, el miedo y una profunda crisis humanitaria que pone a prueba su democracia.
