El ente de control cuestionó ausencia de informes financieros y plan de sostenibilidad para el servicio.
Más dudas que respuestas dejaron los representantes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la mesa de trabajo promovida por la Procuraduría General de la Nación, en seguimiento a la intervención que hizo a la empresa de energía Air-e.
El encuentro buscaba que la Superservicios explicara los motivos y el seguimiento de su intervención a la compañía que presta servicios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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Sin embargo, durante la reunión, los representantes de la Superservicios no lograron ofrecer explicaciones contundentes ni respaldar adecuadamente los informes financieros solicitados por el organismo de control. La Procuraduría evidenció la falta de datos concretos sobre las deudas con los acreedores y la ausencia de un seguimiento detallado por parte de la Superintendencia tras la toma de posesión de Air-e.
En la mesa técnica, que contó con la participación de delegados de la Contraloría General de la República y de la propia Air-e, la Procuraduría cuestionó la carencia de informes consolidados por parte de la Superservicios sobre el monto actual de la deuda de la electrificadora con las empresas generadoras de energía, así como la información referente al patrimonio y los activos de la entidad intervenida.
Otro punto de preocupación para el Ministerio Público es la falta de planes definitivos por parte de la Superservicios y el Agente Especial designado para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de energía. Asimismo, se señaló la ausencia de una medición clara de los impactos que ha generado la decisión de intervenir la empresa.
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A estas inconsistencias se suma la falta de un informe por parte de la Superservicios sobre las acciones realizadas para cumplir con las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en relación con la entrega de los análisis detallados que justificaron la modalidad de toma de posesión de la empresa energética.
La Procuraduría fue enfática al cuestionar que, después de varios meses de haber asumido el control de Air-e, la Superservicios no presente un plan de solución definitivo para la reorganización o liquidación de la empresa, ni propuestas concretas para asegurar la continuidad del servicio a los usuarios.
En sus acciones preventivas, las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtieron sobre la compleja situación de esta intervención, que podría generar una preocupante alteración del equilibrio en el sector energético al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos actores. Esto, a su vez, podría poner en riesgo la continuidad y la calidad del servicio para millones de usuarios en todo el país.
Ante este panorama, el Ministerio Público convocó a una nueva mesa técnica para el próximo 28 de mayo y requirió a la Superservicios la entrega de información adicional para el 16 de mayo, buscando obtener respuestas claras y acciones concretas para garantizar el servicio de energía en la región Caribe.
