Ayer no pararon las múltiples críticas sobre las presuntas irregularidades en el desarrollo del programa ‘Ingreso Solidario’, iniciativa con la que el Gobierno pretende llegar a tres millones de familias en condición de vulnerabilidad con un giro de 160 mil pesos, como una de las medidas de alivio económico en el marco de la pandemia generada por el COVID-19.
El abogado y economista José Roberto Acosta afirmó que la polémica se generó por posibles problemas técnicos originados de la premura en que se adelantó el programa. “Se esperaba que la actualización de Sisbén 4 estuviera actualizada para finales de 2020. De manera que cuando se entra a usar una herramienta que requiere tanto detalle nueve meses antes, los errores son inevitables”, expresó.
Por su parte, el analista y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, afirmó que “los datos que han mostrado en redes sociales no son evidencia de ningún fraude porque no están asociados a pagos (…) El sistema de pagos no es lo mismo que la plataforma”.
Restrepo añadió que la discusión no debería ser esa, sino demostrar cómo un sistema de solidaridad social se ha establecido de tal forma y en tan poco tiempo.
Cabe que recordar que ante los problemas que se presentaron para identificar a los beneficiarios del del programa Ingreso Solidario y que obligó al Gobierno a tomar medidas en esta contigencia, la Registraduría Nacional aclaró que no maneja la base de datos de las cédulas que se tienen para otorgar ese auxilio.
“La Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene relación alguna ni conocimiento del aplicativo Ingreso Solidario creado por el Gobierno Nacional para apoyar económicamente a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan dificultades por la propagación del Covid-19”, señala el comunicado de la entidad.
El ente precisó que la base de datos utilizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), no tiene interoperabilidad con el Archivo Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional.
Las múltiples críticas se registraron este miércoles cuando se ingresaban números de cédulas a las que no les correspondía la ayuda, pero la aplicación sí los daba como beneficiarios, por lo que se generó la duda sí se estaba autorizando por parte de las entidades gubernamentales a miles de personas a reclamar el dinero así no tuviesen el derecho.
Finalmente, la Registraduría Nacional informó que “tiene a disposición de las entidades públicas el acceso a consulta, verificación y autenticación de los datos de identificación de los colombianos, bajo los parámetros establecidos por la ley y los protocolos de seguridad de la información”.
Tomado de El Universal
