La Procuraduría hizo un llamado al Ministerio de Salud a tomar medidas para salvaguardar la salud de los isleños.
La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social y a la gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que adopten acciones urgentes, que garanticen la salud de más de 79 mil residentes y visitantes, quienes están en inminente riesgo por la crisis sanitaria que atraviesa el departamento.
En carta enviada al ministro Fernando Ruiz Gómez, y al gobernador Everth Julio Hawkins Sjogreen, el ente de control reiteró que viene advirtiendo graves deficiencias en la prestación de servicios de salud en el archipiélago, que a la fecha no han sido resueltas para garantizar la oportunidad y calidad para el acceso a la salud.
El Ministerio Público señaló que el departamento de San Andrés atraviesa una crisis sanitaria ante el incremento de más del 776%, en contagios por Covid-19, que en los últimos 30 días pasaron de 172 a 1.336 y 14 muertes. Así mimo, en la semana 35 del año, registra 56 casos por dengue, el doble de afectados identificados el año anterior.
Advirtió que el departamento solo cuenta con 13 camas UCI, 9 de las cuales están destinadas para la atención positivos para coronavirus, y 4 para otras patologías.
Para el órgano de control es urgente que se logre una intervención inmediata al departamento, con el fin de evitar que la cifra de contagiados siga aumentando y que haya más víctimas fatales, teniendo en cuenta que la reapertura de vuelos comerciales y la llegada de turistas podría saturar la capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo, que para la fecha tiene una tasa de ocupación de más del 50%.
En comunicación al gobernador, la Procuraduría cuestionó que el hospital haya construido un área de cuidados intensivos para 17 camas, que, seis meses después de declarada la emergencia sanitaria, no han podido ser habilitadas ante la falta de una planta de oxígeno adicional.
Finalmente, la Procuraduría exhortó al ministerio y a la gobernación, para que en un plazo de tres días presenten un plan de intervención, que permita resolver las deficiencias en la atención a los usuarios de la salud en el archipiélago.
*Con información de la Procuraduría General de la Nación.
