Una psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello terminó capturada por una presunta red dedicada a la explotación sexual infantil y comercialización de material ilegal en Colombia y Estados Unidos.
La detención se realizó durante la llamada “Operación Alpha MASI”, un trabajo conjunto entre autoridades colombianas y agencias norteamericanas que permitió desarticular parte de una estructura criminal que operaba en Medellín, Cartagena y varias ciudades estadounidenses.
Según las investigaciones, la red utilizaba plataformas digitales, transmisiones en vivo y canales cifrados para vender contenido de abuso sexual infantil a consumidores en el extranjero.
Las autoridades señalaron que las víctimas eran menores entre los 10 meses y los 13 años, quienes presuntamente eran sometidos a graves hechos de violencia para producir el material ilegal.
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En total fueron capturadas 11 personas: siete en Medellín, una en Cartagena y tres más en Estados Unidos. Entre los detenidos aparecen familiares y personas cercanas a las víctimas, incluyendo madres, tías y allegados.
Uno de los casos que más indignación ha generado es el de la psicóloga vinculada a la Secretaría de Salud de Bello, debido a que ejercía labores relacionadas con atención social y comunitaria.
La administración municipal aseguró que la mujer había sido contratada luego de cumplir con todos los requisitos legales y que no registraba antecedentes ni alertas judiciales al momento de firmar el contrato.
Tras conocerse el caso, la Alcaldía anunció el inicio de los trámites para cancelar su vinculación laboral y rechazó cualquier relación institucional con los hechos investigados.
De acuerdo con las autoridades, la organización criminal obtenía ganancias cercanas a los 63 mil dólares, equivalentes a más de 227 millones de pesos, mediante la distribución de contenido ilegal y transmisiones pagadas en plataformas clandestinas.
Los capturados fueron enviados a prisión preventiva y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial de menores, proxenetismo agravado y acceso carnal violento.
La operación fue desarrollada con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia, Migración Colombia y agencias estadounidenses especializadas en crimen transnacional.
