La medida no será automática y solo se aplicará si los integrantes del grupo armado cumplen compromiso relacionados con el cese de actividades criminales y las condiciones fijadas por las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación decidió mantener, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), entre ellos varios de sus principales cabecillas, mientras verifica si realmente existen garantías y voluntad para avanzar en los compromisos planteados dentro del proceso de paz impulsado por el Gobierno nacional.
La decisión representa un freno parcial a la solicitud presentada por el Ejecutivo, que buscaba suspender temporalmente las órdenes judiciales —incluidas algunas con fines de extradición— para facilitar el traslado de estos integrantes a las Zonas de Ubicación Temporal previstas dentro de la estrategia de diálogo sociojurídico con esa estructura armada.
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Sin embargo, el ente acusador dejó claro que la suspensión no se hará de manera inmediata ni generalizada. Antes de tomar cualquier determinación, la Fiscalía verificará aspectos jurídicos, la identidad de cada integrante incluido en los listados oficiales y, especialmente, el cumplimiento de compromisos relacionados con el respeto a los derechos humanos, el cese de acciones criminales y la entrega de menores reclutados.
La fecha clave dentro del proceso quedó fijada para el próximo 25 de junio, día en que comenzarían a operar las Zonas de Ubicación Temporal en sectores de Córdoba y Chocó, lugares donde se concentrarían los miembros del EGC mientras avanzan las conversaciones con el Gobierno.
La determinación volvió a encender el debate nacional alrededor de la política de “paz total”, especialmente por el alcance de los beneficios judiciales que podrían recibir integrantes de grupos armados señalados de graves delitos. Mientras algunos sectores consideran que estas medidas son necesarias para facilitar los diálogos, otros cuestionan que se contemple levantar órdenes de captura contra estructuras criminales aún activas en varias regiones del país.
