La Procuraduría abrió investigación contra el gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, José Agustín Ramírez, y la subgerente administrativa, Soraya Cáceres, por contratar la elaboración de una obra digital por un valor de 58 millones de pesos, en plena época de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
El Ministerio Público también pidió suspender el contrato 153 de 2020, que tiene por objeto “elaborar una obra literaria en formato digital que contenga la historia del Hospital Universitario Erasmo Meoz desde su Planeación gubernamental hasta el 2020”.
La suspensión del contrato lo solicitó por considerar que se podrían vulnerar los principios de la función administrativa, la gestión fiscal y el manual de contratación que rige al hospital.
En este caso, la Procuraduría “encuentra procedente solicitar suspender la ejecución del contrato 153 de 2020, toda vez, que sorprende y resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID – 19 y la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, los recursos de los cuales disponen las Empresas Sociales del Estado, no sean utilizados como corresponde para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio público de salud”.
LA INVESTIGACIÓN
El proceso como tal tiene origen en un informe disciplinario realizado por parte de la Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, quien tras una acción preventiva en el Erasmo Meoz encontró que el contrato fue firmado cuando ya había sido decretada la emergencia sanitaria por el coronavirus, y los médicos internos del hospital adelantaban protestas por la escasez de elementos de protección personal, como tapabocas y guantes.
La investigación busca establecer si el proceso se cumplió “los principios de planeación, según los cuales las ESE están obligadas a hacer el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.
También se pretende vislumbrar por qué los estudios previos del proceso, con los que se habría podido transgredir el principio de publicidad, no se publicaron en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
Finalmente, el ente de control investiga si el contrato 153 atentó contra el principio de transparencia, antes las inconsistencias identificadas al revisar la cronología de los documentos precontractuales entregados por la administración del hospital.
Para determinar esto, la Procuraduría ordenó la practica de varias pruebas relacionadas con esta contratación, además de ello dará traslado a la Contraloría General, para que en desarrollo del programa ‘Transparencia por la excelencia’, que adelantan los entes de control, se haga seguimiento a la contratación en la ESE, tras la declaratoria de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia por el coronavirus.
