El nuevo decreto garantiza salud, pensión y riesgos laborales sin afectar sus ingresos ni obligarlos a formalizarse.
Tras años de reclamos y reconocimiento sin resultados concretos, el Gobierno Nacional anunció un cambio de fondo para miles de trabajadores invisibilizados: los recicladores de oficio ahora tendrán acceso a seguridad social sin perder su independencia laboral.
La medida quedó oficializada en el Decreto 0271 de 2026 y comenzará a regir desde el 1 de julio, con el objetivo de ajustar su implementación en todo el país. Con esta decisión, se crea la Red de Protección Social para la Vida, un modelo que busca garantizar derechos básicos a esta población históricamente excluida.
El sistema está dirigido a quienes viven del reciclaje, organizados en asociaciones y con ingresos por debajo de un salario mínimo. A partir de ahora, serán reconocidos como trabajadores independientes con derechos, lo que les permitirá seguir en su actividad sin tener que convertirse en empleados formales.
En materia de salud, quienes ya estén en el régimen subsidiado continuarán sin cambios, mientras que las alcaldías deberán garantizar la afiliación de quienes aún no estén cubiertos.
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¿Cómo será la pensión?
En cuanto a pensión, el modelo ofrece dos alternativas: acceso al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión o vinculación al sistema BEPS, que permite ahorrar para la vejez con apoyo del Estado. En este último caso, las organizaciones aportarán cerca del 5 % de los ingresos del reciclador, mientras el Gobierno sumará un incentivo adicional.
Además, quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a Colombia Mayor, ampliando las opciones de apoyo económico en la tercera edad.
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¿Quién asume los riesgos laborales?
Uno de los puntos clave es la cobertura en riesgos laborales, por primera vez, los recicladores estarán protegidos ante accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo, a través de su afiliación a una ARL, gestionada por sus organizaciones.
El financiamiento del sistema no saldrá directamente del bolsillo de los trabajadores. Los recursos provendrán de la tarifa de aprovechamiento del servicio de aseo y de las actividades económicas de las asociaciones, evitando afectar sus ingresos.
Las organizaciones de recicladores tendrán un papel central en la implementación, mientras que alcaldías y gobernaciones deberán actualizar censos, garantizar afiliaciones y articular el funcionamiento del sistema.
Con esta medida, el Gobierno busca saldar una deuda histórica y dar un paso hacia la inclusión social, reconociendo el aporte de quienes, durante años, han sostenido una parte clave del manejo de residuos en el país sin contar con garantías básicas.
