Una pareja de adultos mayores fue judicializada por el asesinato de un hombre de 56 años ocurrido en diciembre de 2022, en zona rural de Apartadó. Según la investigación, el supuesto objetivo era quedarse con el inmueble donde convivían, pero después del crimen habrían descubierto que la propiedad no pertenecía a la víctima.
Un crimen ocurrido hace casi cuatro años en una zona rural de Apartadó, Antioquia, acaba de dar un giro judicial que dejó al descubierto un supuesto móvil tan insólito como trágico: quedarse con una vivienda que, según la investigación, ni siquiera pertenecía al hombre asesinado.
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre de 2022, en la vereda El Osito. La víctima, un hombre de 56 años, se encontraba en la vivienda que compartía con su compañera sentimental y otro hombre, cuando se habría producido una discusión.
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía General de la Nación, la mujer, identificada como Julia del Carmen Pérez Pérez, de 62 años, habría provocado la confrontación con el propósito de distraer a la víctima.
En ese momento, presuntamente Jesús María Torreglosa Polo, de 65 años, lo habría atacado por la espalda con un arma cortopunzante y le habría causado una herida mortal en el cuello.
La investigación apunta a que detrás del homicidio habría existido un interés por quedarse con la vivienda donde residían los tres. Sin embargo, después de ocurrido el asesinato, los investigadores establecieron que el inmueble no estaba a nombre de la víctima, por lo que el supuesto propósito del crimen habría quedado frustrado.
Con el avance de las pesquisas, las autoridades lograron reconstruir lo ocurrido y vincular a los dos adultos mayores con el homicidio. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado.
Los procesados no aceptaron los cargos.
Por tratarse de adultos mayores, el juez determinó que la medida de aseguramiento privativa de la libertad fuera cumplida en sus respectivos lugares de residencia, mientras avanza el proceso y la justicia establece si existe o no responsabilidad penal.
Por ahora, la Fiscalía sostiene la hipótesis sobre el supuesto móvil y la participación de los procesados, pero ninguno ha sido condenado, por lo que ambos mantienen la presunción de inocencia.
