La JEP vinculó penalmente a 12 antiguos integrantes de la Fuerza Pública y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol por hechos ocurridos durante la incursión paramilitar en el puerto petrolero entre 1998 y 2000
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 12 antiguos miembros de la Fuerza Pública y un exfuncionario del área de seguridad de Ecopetrol por su presunta participación en hechos relacionados con la incursión y consolidación del paramilitarismo en Barrancabermeja, Santander, entre 1998 y 2000.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes estatales en asociación con estructuras paramilitares. De acuerdo con la información entregada por la JEP, entre los señalados hay nueve antiguos oficiales del Ejército, dos integrantes de la Policía y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol.
Una decisión inédita dentro del Caso 08
El auto representa la primera determinación de hechos y conductas del Caso 08 en relación con la violencia ocurrida en Barrancabermeja y establece responsabilidades sobre quienes, según la JEP, habrían intervenido en la planificación, facilitación y sostenimiento de las acciones ejecutadas por grupos paramilitares.
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Para reconstruir lo ocurrido, la jurisdicción revisó información proveniente de procesos de la antigua justicia de Justicia y Paz, incluidos expedientes que no habían terminado en condenas, además de documentos encontrados en archivos de inteligencia militar y unidades del Ejército en la región.
La presunta alianza con los paramilitares
Según el auto, los funcionarios y miembros de la Fuerza Pública señalados habrían establecido una alianza con integrantes del Bloque Central Bolívar y las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC).
La supuesta coordinación tenía como uno de sus principales objetivos combatir a las organizaciones guerrilleras presentes en la zona. Sin embargo, la JEP encontró que la identificación del denominado “enemigo común” habría terminado extendiéndose hacia sectores de la población civil.
Entre los grupos afectados estuvieron habitantes de barrios ubicados en el oriente de Barrancabermeja, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y defensores de derechos humanos vinculados a CREDHOS.
