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Editorial

Obras de la Gobernación presentan irregularidades y afectan a las comunidades

En Santa Marta, varias obras adelantadas por la Gobernación del Magdalena se encuentran bajo observación debido a que se estarían ejecutando sin permisos, licencias o avales técnicos, requisito obligatorio para intervenir vías y predios dentro del territorio distrital.

Contrario a las declaraciones públicas realizadas en las últimas horas, no existe un bloqueo a la ejecución de obras. De hecho, se han otorgado 25 permisos para igual número de proyectos presentados por la Gobernación cuando estos han cumplido con los requisitos exigidos.

Uno de los casos más sensibles ocurre en el sector de El Líbano, donde se instalaron tuberías en áreas que invaden un predio privado, lo que ha dado lugar a una acción de nulidad interpuesta por el propietario.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los residentes de la zona, quienes temen que el conflicto legal pueda detener por un tiempo prolongado las soluciones que requieren.

En La Paz, la maquinaria de la Gobernación  ingresó a intervenir una vía cuyo proceso de pavimentación ya había sido estructurado técnicamente y avanzado legalmente por la Alcaldía. Esto ha causado expectativas frustradas en la comunidad, que observa cómo el desorden y la falta de planificación de la Gobernación termina afectándolos.

Las afectaciones a la ciudadanía son claras:

                •             Retrasos en soluciones de infraestructura básica

                •             Mayor riesgo de demandas y procesos legales que atrasan los proyectos

                •             Deterioro de la confianza comunitaria frente a las intervenciones públicas

Expertos consultados señalan que cuando las obras se inician sin permisos, el resultado inmediato es la suspensión para evitar impactos mayores. En cambio, cuando los proyectos cumplen con la planificación y los requisitos legales, los permisos se otorgan y las obras avanzan con normalidad, como ha ocurrido en los 25 casos ya aprobados.

La situación abre nuevamente el debate sobre la necesidad de planificación real y el respeto a la normatividad urbana, con el objetivo de que las comunidades no terminen siendo perjudicadas por proyectos que se anuncian antes de estar legal y técnicamente viabilizados.

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