El senador asegura que disidencias habrían ofrecido millonaria recompensa por él y otros líderes; su esquema de seguridad ya fue reforzado.
El ambiente político volvió a tensarse tras la denuncia del senador Jota Pe Hernández, quien aseguró que existe un presunto plan criminal en su contra que no solo lo involucra a él, sino también a otros seis líderes de oposición.
Según el congresista, la información provendría de un documento que habría llegado a manos de un fiscal desde un centro carcelario, en el que se detalla una supuesta recompensa económica por atentar contra su vida. Para Hernández, esto no se trataría de hechos aislados, sino de una estructura organizada.
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La alerta subió de nivel cuando reveló un episodio que calificó como intimidación directa: su hija menor habría sido grabada en las afueras de su colegio. El senador señaló que este tipo de acciones buscan generar presión y miedo, especialmente en un contexto político cada vez más polarizado.
Frente a la gravedad de la denuncia, la Fiscalía General de la Nación ya tendría conocimiento del caso, mientras que las autoridades reforzaron su esquema de seguridad en las últimas horas.
El señalamiento reabre el debate sobre las garantías para la oposición en Colombia, justo cuando el país entra en una etapa preelectoral donde la seguridad de los actores políticos vuelve a ser un tema central.
Más allá de la denuncia, el caso deja una pregunta en el aire: ¿se trata de una amenaza concreta o de un nuevo capítulo en la creciente tensión política del país?
