Se trata de Augusto Ramírez Uhía, quien se desempeñó como alcalde de la capital vallenata entre el año 2016 y 2019.
Un juez de control de garantías judicializó al exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhia; su exsecretario de gobierno, José Juan Lechuga Zambrano; el exsecretario de educación, Luis Carlos Matute de la Rosa; al igual que a los contratistas Carlos Daniel Tres Palacios Carreño y González Armenta.
La determinación está relacionada con las presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato de prestación de servicios por 592’375.000 millones de pesos; cuyo objeto era fortalecer la orientación vocacional, profesional y técnica de 3.832 estudiantes del grado 11; con miras a mejorar el desempeño en entrevistas para acceso a instituciones de educación superior a nivel nacional.
Los procesados habrían vulnerado los principios de contratación pública, principalmente los de planeación.
Según la investigación, en los estudios previos no se tuvo presente que para la fecha en que se concretó la referida firma, las universidades en todo el territorio nacional estaban próximas a cerrar las inscripciones, haciendo ineficaz el objeto del contrato.
También se conoció que en el pliego de condiciones se anotaron cláusulas exorbitantes que no permitieron garantizar el principio de transparencia, y se incurrió en sobrecostos relacionados con el alquiler de computadores portátiles, proyectores, amplificadores de sonido y micrófonos.
Elementos que además fueron adquiridos con una empresa cuya matrícula había sido cancelada en el año 2015.
Otras inconsistencias estarían relacionadas con la obligación que, al parecer, tenía el contratista, Carlos Daniel Tres Palacios Carreño, de adquirir 320 profesionales especializados en humanidades y desarrollo humano y un comunicador social – periodista para formar a 40 grupos de estudiantes.
Para este efecto se constató que fueron contratadas cuatro personas a quienes se les pagaron 62 millones de pesos; a cada una, por 80 horas de trabajo.
Además, se presume que subcontrató la subcontrató González Armenta, quien habría ejecutado el contrato.
Los investigados
De acuerdo con el ente investigador, el exsecretario de educación, Luis Carlos Matute de la Rosa, habría emitido el informe en el que se indica que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato y hace un análisis de los resultados de la evaluación practicada a los estudiantes, pero al parecer, deja de lado el análisis de la cuenta de cobro que estaba aportando el contratista al municipio, sin percatarse que los resultados no correspondían a la realidad.
En el caso del exsecretario de gobierno de la época, Juan José Lechuga Zambrano, la Fiscalía encontró, que habría tramitado el contrato a sabiendas de que la firma transgredía los principios que rigen la contratación, pero, además, procedió a liquidarlo utilizando como base la información presentada por el secretario de educación.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado.
Cuatro de los implicados fueron notificados de las órdenes de captura en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI de Valledupar y el quinto indiciado fue capturado por servidores del CTI en sector del barrio Alta Gracia de la misma ciudad.
