El estado está ofreciendo una especie de “amnistía tributaria”, con la que busca que quienes han ocultado bienes los declaren voluntariamente pagando un porcentaje menor al que enfrentarían si la DIAN detecta estas irregularidades en procesos de fiscalización.
El Gobierno nacional abrió la puerta a una nueva jornada de normalización tributaria, mediante la cual los contribuyentes podrán declarar bienes no reportados ante la DIAN pagando una tarifa del 19%, según lo establece un reciente decreto expedido en el marco de medidas fiscales extraordinarias.
Esta disposición permite que personas naturales y jurídicas que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes regularicen su situación fiscal, evitando así sanciones más severas y posibles procesos judiciales en el futuro.
El mecanismo está dirigido a contribuyentes que no hayan declarado bienes en Colombia o en el exterior, que hayan reportado activos por debajo de su valor real o que incluso hayan incluido deudas inexistentes con el fin de reducir su carga tributaria.
En todos estos casos, la normativa les permite ponerse al día pagando un impuesto único del 19% sobre el valor de los activos omitidos, lo que facilita la legalización de su patrimonio.
Beneficios para quienes se acojan
Uno de los principales incentivos de esta medida es que quienes decidan acogerse podrán legalizar su patrimonio ante la autoridad tributaria y disminuir considerablemente el riesgo de enfrentar sanciones económicas más elevadas.
Además, en determinados escenarios, también se reduciría la posibilidad de enfrentar consecuencias de tipo penal, lo que convierte esta opción en una alternativa atractiva para regularizar su situación fiscal.
El decreto establece que este beneficio estará disponible hasta el 31 de julio de 2026, por lo que los interesados deberán adelantar el proceso dentro de ese periodo si desean acceder a las condiciones especiales contempladas por el Gobierno.
Contexto de la decisión
La iniciativa surge en medio de un paquete de medidas adoptadas por el Ejecutivo, respaldadas en la declaratoria de emergencia económica y climática, lo que le permitió expedir normas con fuerza de ley sin necesidad de trámite en el Congreso.
Sin embargo, la decisión ha generado debate entre expertos, quienes advierten posibles cuestionamientos jurídicos sobre la relación entre esta medida tributaria y las causas que motivaron la emergencia.
