Como parte de la ofensiva judicial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio también ordenó medidas cautelares sobre un inmueble perteneciente a la exministra de Tecnologías de la Información.
Las acciones judiciales incluyeron el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre inmuebles, establecimientos comerciales, parqueaderos y participaciones societarias ubicadas en zonas urbanas y rurales de los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
De acuerdo con la investigación financiera adelantada por el ente acusador, los bienes estarían vinculados a Emilio José Tapia Aldana y a otros presuntos implicados en el proceso, entre ellos Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares.
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La Fiscalía determinó que los activos habrían sido adquiridos con dineros provenientes de irregularidades detectadas en el proceso de contratación del proyecto de conectividad, incluyendo el anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados, el cual fue obtenido de manera indebida.
Como parte de la ofensiva judicial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio también ordenó medidas cautelares sobre un inmueble perteneciente a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen Abuchaibe. Según el organismo investigador, esta decisión responde a fallos de responsabilidad fiscal proferidos por la Contraloría General de la República.
El expediente da cuenta de una estructura financiera en la que, presuntamente, se mezclaron recursos lícitos con dineros de origen ilícito, además del uso de las empresas que integraron la Unión Temporal como vehículos para ejecutar las irregularidades contractuales.
