Javier Redondo Herrera, exasesor jurídico de la cárcel Rodrigo de Bastidas, es señalado de haber tramitado una boleta falsa que permitió la salida de un preso condenado por tráfico de drogas.
Un escándalo sacude el sistema penitenciario en Santa Marta tras revelarse que un exfuncionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estaría involucrado en la liberación ilegal de un recluso de la cárcel Rodrigo de Bastidas.
Se trata de Javier Redondo Herrera, exasesor jurídico del centro penitenciario, a quien se le acusa de haber tramitado un documento fraudulento que permitió la salida de Farid Andrés Zúñiga Ramos, quien cumplía una condena por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
Una salida ilegal con boleta falsa
El 13 de diciembre de 2023, Zúñiga Ramos abandonó la prisión sin que un juez hubiera autorizado su liberación. En medio de la confusión y el asombro dentro de la cárcel, las autoridades iniciaron una investigación interna y rápidamente descubrieron que su salida se había dado mediante el uso de una boleta de excarcelación falsa.
Las pesquisas avanzaron y pronto apuntaron a Redondo Herrera como el principal responsable de haber gestionado el documento fraudulento.
Testimonios y pruebas recopiladas por la Fiscalía revelaron que para obtener la boleta, Zúñiga Ramos habría pagado entre 15 y 20 millones de pesos, dinero que presuntamente fue entregado a Redondo y otros dos exfuncionarios que también están siendo investigados.
Ante la presión mediática y las acusaciones en su contra, Redondo Herrera intentó defenderse y negó su participación en el hecho. “Yo no tengo nada que ver con eso, mi trabajo en la cárcel era simplemente supervisar las tareas de mis compañeros. Estoy dispuesto a someterme a cualquier interrogatorio para demostrar mi inocencia”, argumentó el exasesor jurídico, tratando de evadir responsabilidades.
Sin embargo, las pruebas en su contra parecen contundentes. De acuerdo con las autoridades, existen testimonios que lo vinculan directamente con la falsificación del documento. Además, se investiga la posible existencia de una red de corrupción dentro del penal que facilitaría la salida ilegal de reclusos a cambio de dinero.
Mientras la investigación seguía su curso, ocurrió un hecho que dejó perplejas a las autoridades. Farid Andrés Zúñiga Ramos, quien había obtenido su libertad de manera ilícita, decidió entregarse nuevamente a la justicia sin dar mayores explicaciones. Se desconoce su decisión, pero su regreso al penal reforzó las sospechas sobre la existencia de un entramado de corrupción al interior de la cárcel.
