El alza en el precio de los productos básicos de la canasta familiar genera tanto miedo entre los compradores tanto como el mismo contagio por el COVID-19.
Una vez inició la cuarentena nacional empezó la compra impulsiva de algunos ciudadanos que por miedo a quedar desprovistos de alimentos arrasaron con estantes de supermercados, graneros y tiendas de barrio.
Pero esta misma coyuntura de alta demanda ha sido aprovechada por vendedores y distribuidores para alzar el precio de los productos. Locales donde una libra de tomate antes de la pandemia se encontraba en $1.200 pesos, ahora no baja de $3.000; un cartón de huevo cuyo costo era de $8.000 en este momento ha aumentado a $14.000.
A este fenómeno se le conoce como especulación, y ya en la zona metropolitana de Santa Marta la Policía ha impuesto 20 comparendos a establecimientos que han querido hacer su agosto aprovechando la crisis.
Pero ¿Cómo se controla esta situación en la zona oriental del Magdalena, en la región del río? Tal parece que ante el descuido de las autoridades locales, negocios en Salamina estarían abriendo paso a estos actos, que desde la Procuraduría General y la Gobernación departamental, ha sido declarados de sumo cuidado.
En este municipio, que colinda con el Atlántico de donde se abastecen el comercio, la gente denunció la desproporción en los precios de un granero donde el pollo, el arroz, hortalizas y verduras, valían lo que pesaban en oro. La comunidad no aguantó más y decidió denunciar el abuso, esperanzados que se impongan las sanciones contempladas en la jurisprudencia nacional.
AMENAZAN A COMUNICADOR POR ABRIR ESPACIO DE DENUNCIA
Respondiendo al espíritu de la radio comunitaria, la emisora Satélite Stéreo de esta población ribereña difundió al aire las quejas de los salamineros, lo que llevó al dueño del granero especulador a lanzar improperios y amenazas en contra del director del medio.
“En horas de la tarde llegó el administrador del supermercado me hizo serias amenazas que según él estamos mintiendo. Yo le dije que somos un medio de comunicación para denunciar las evidencias. Este señor me lanzó improperios y un salivazo”, contó Alonso Álvarez Patiño.
La situación fue puesta en conocimiento ante Luis Ramón Orozco, alcalde local y la comandancia municipal de Policía. El comunicador ha indicado que este hecho será radicado en la Fiscalía, ya que “me preocupa todo esto porque muchos periodistas hemos sido blanco de injusticia por querer callarnos”.
Las comunidades esperan que los controles sean más estrictos y que las tiendas y graneros de barrios publiquen los precios así como lo hacen los almacenes de cadena para evitar abusos en los cobros.
Ante creciente fenómeno, es preciso aclarar, que las sanciones por especular podrían ir desde de 48 a 108 meses en prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes y el cierre del establecimiento.
