La obra se encuentra paralizada desde hace un año.
La comunidad de Sabanas de San Ángel, Magdalena, hacen un llamado a las autoridades administrativas regionales y la Presidencia de Colombia a que revisen la situación de la cárcel que se construye en ese territorio.
La obra, que se encuentra paralizada, ha recibido la oposición de la población, que asegura tener precarias condiciones de vías, salud, educación y empleo, y que una cárcel no brinda garantías ni oportunidades.
Los pobladores de sectores como Monterrubio, jurisdicción de este municipio, aseguran que a la comunidad lo que se le debe entregar es tierras para trabajar.
Según los agricultores, dedicados en su mayoría a productos como la yuca, el ñame, y otros de pancoger, la problemática radica en que muchos dueños de hectáreas de tierras han optado por vender sus predios a empresas dedicadas a la producción de madera y de lácteos, dejando a los campesinos que trabajan en ‘el monte’ sin espacio para trabajar.
“Lo que menos necesita esta comunidad es una cárcel, por eso aplaudimos que se haya parado ese proyecto”, dice la comunidad.
La obra
La Contraloría General de la República alertó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Jefe de Control Interno de la misma entidad sobre la posible pérdida de $291.497 millones destinados para la construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión Sábanas de San Ángel, en el Magdalena.
Con este proyecto, se busca implementar 1.974 nuevos cupos para población privada de la libertad.
La suma mencionada corresponde a dos contratos: uno de obra por $275.401 millones y otro de interventoría por $16.096 millones. El comunicado del órgano de control detalló que, el contrato de obra se suscribió sin contar previamente con los estudios y diseños necesarios de factibilidad de la acometida y expansión de la red externa eléctrica para el proyecto.
Además, no hubo un estudio previo que permitiera la estructuración de las comunicaciones, su funcionalidad y operación. Inicialmente, se pactó la suspensión del contrato de obra por el término de 45 días, ante la ola invernal y algunas situaciones de seguridad, no obstante, dicha situación se prolongó.
Pasado 20 de diciembre de 2022, se suspendió la obra sin que a la fecha de presentación del informe de la Contraloría que origina la presente alerta, se haya logrado el reinicio de la construcción.
Para la Contraloría, la prolongada suspensión de la obra (más de 5 meses) genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento.
Se considera que hay una alta posibilidad de que la USPEC se vea inmersa en situaciones de carácter judicial, por cuenta de las acciones que puedan iniciar el contratista y la interventoría, ante la extensa suspensión del contrato y los daños derivados.
