Sin el servicio básico de salud, en condiciones de hacinamiento y otras complejas condiciones viven los reclusos de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.
Así lo constató la Defensoría del Pueblo a través de una brigada de atención en la que 31 funcionarios, escucharon las calamidades por las que pasan los tristes inquilinos de los patios.
Además del hacinamiento que ya es un problema de público conocimiento en la ciudad, los funcionarios del ente defensor conocieron otras necesidades que presentan hombres y mujeres en el penal.
Nayara Vargas, defensora del pueblo en el Magdalena, describió el panorama al interior de la cárcel como crítico, precisó que son múltiples las falencias que se registran y delegó a un equipo de la regional para que se apersone y haga seguimiento a cada una de las quejas planteadas por los internos durante la visita.
“Los reclusos de la cárcel de Santa Marta están pasando por una situación muy complicada”, detalló la funcionaria, quien lideró la toma en el establecimiento carcelario donde más de 31 funcionarios de la Defensoría recorrieron la totalidad de los pabellones.
RECLUSOS SIN SALUD
Aunque fueron recibidas denuncias en distintas áreas, Vargas priorizó la salud, como uno de los temas que requieren atención de manera urgente. Indicó que “el servicio que se les presta a los internos es precario, al punto que actualmente uno de ellos se encuentra grave en una Unidad de Cuidados Intensivos con un cuadro de peritonitis al no tratársele la enfermedad de manera oportuna”.
Dijo que la salud es un derecho fundamental que no se le puede negar a esta población, por ello “vamos a presentar un requerimiento para que se asuman los correctivos y se les garantice un médico que valore y garantice el bienestar de las personas al interior de la cárcel”.
Durante la inspección, el equipo institucional también se encontró con una pared de seis metros de altura que está inestable y podría colapsar poniendo en riesgo la vida de más de 10 mujeres que duermen justo al lado. Al respecto manifestó que se “solicitará a las directivas la reparación de este muro, antes que ocurra una tragedia que lamentar”.
En la parte alimentaria, la Defensora del Pueblo, al verificar las condiciones en las que se preparan las comidas suministradas en el penal, destacó que se han atendido las exigencias de la Secretaría de Salud en el sentido de mejorar los aspectos sanitarios negativos que registraba la cocina.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, en una reunión que sostuvo con el Comité de Convivencia de Derechos Humanos de la Cárcel de Santa marta, se comprometió a interponer acciones jurídicas ante los órganos competentes, contra la vulneración de los derechos que se vienen cometiendo en el lugar.
“Todos los días habrá un operario de la Defensoría Pública brindando asesoramiento, así mismo los martes y jueves dispondremos de un funcionario de la delegación nacional de trámites y quejas que se encargará de hacerle un seguimiento riguroso a las solicitudes que se generen desde esta institución. Vamos a acompañar a esta comunidad exigiendo soluciones de fondo”, puntualizó.
