El líder social Luis Miguel Moisés, tomó la decisión de sacar a sus seres queridos de la ciudad luego de denunciar que su hijo fue obligado a pagar $1.500.000 en El Rodadero tras un accidente, en un caso que vincula presuntas vacunas exigidas por grupos armados.
Luego de denunciar públicamente un caso de extorsión en El Rodadero, el líder social Luis Miguel Moisés, envió a su familia fuera de Santa Marta y decidió quedarse para enfrentar a los grupos armados, según afirmó, mantienen bajo presión a comerciantes y prestadores de servicios mediante el cobro de vacunas.
El hecho que detonó la denuncia ocurrió en el sector turístico de El Rodadero, donde su hijo y varios amigos sufrieron un accidente mientras se movilizaban en un vehículo eléctrico alquilado. Según relató, cuando intentaron contactar a las autoridades, fueron interceptados por hombres armados que exigieron el pago de $1.500.000 por supuestos daños.
“Si no pagaban, los subían a la Sierra”
De acuerdo con la denuncia, los jóvenes fueron intimidados y advertidos de que, si se negaban a pagar el dinero exigido, serían trasladados a la Sierra Nevada de Santa Marta como mecanismo de presión.
El líder Luis Miguel, aseguró que los propietarios del servicio de vehículos eléctricos presuntamente estarían pagando vacunas a estructuras armadas, lo que habría facilitado la intervención de estos hombres en el conflicto derivado del accidente.
Gracias a que los jóvenes contaban con el dinero en ese momento, pudieron pagar la suma exigida y evitar mayores consecuencias. Sin embargo, el padre decidió hacer pública la situación a través de un video que rápidamente generó reacciones en la ciudad.
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Sacó a su familia por seguridad
Tras la difusión de la denuncia, el líder Luis Miguel, publicó un nuevo mensaje en el que confirmó que decidió sacar a su familia de Santa Marta por seguridad, mientras él permanece en la ciudad con el propósito de continuar denunciando las extorsiones y presiones de grupos armados.
Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, manifestó que no dejará de insistir en que estas prácticas deben terminar y pidió que comerciantes y prestadores de servicios dejen de pagar vacunas.
En su pronunciamiento, hizo un llamado a abrir un diálogo que conduzca al sometimiento de estas estructuras, pero condicionó cualquier avance a que cesen las actividades criminales contra la ciudadanía.
Asimismo, pidió al alcalde convocar acciones concretas que no se limiten a esquemas de protección individual, sino que desmantelen las redes de extorsión que —según denunció— operan en distintos sectores de Santa Marta.
