El director de Parques Nacionales advirtió que terceros construyeron infraestructuras sin permiso, asumieron el control del ingreso y realizaron cobros ilegales, mientras persisten alertas por presencia de grupos armados.
El cierre preventivo del Parque Nacional Natural Tayrona no solo respondió a razones ambientales, sino a una situación que, según el Gobierno, se salió de control. El director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez Zamora, reveló que el área protegida enfrenta una combinación de ocupaciones ilegales, cobros no autorizados y riesgos asociados a la presencia de estructuras criminales.
De acuerdo con el funcionario, uno de los hechos más delicados fue la ocupación del sector El Zaino por parte de actores locales, quienes habrían asumido funciones que legalmente corresponden al Estado. Entre las acciones denunciadas, se encuentra la construcción de viviendas, baños y senderos sin autorización oficial, utilizando materiales que ingresaron al parque a finales de 2025.
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Presunta ilegalidad operativa en el Tayrona
Martínez aseguró que estas infraestructuras se levantaron al margen de la normativa ambiental, lo que obligó a las autoridades a intervenir. Ante la falta de acuerdos y la negativa de los involucrados a detener las obras, el Estado ordenó la demolición de estas construcciones mediante acciones coordinadas con instancias competentes.
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Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el presunto cobro ilegal de dinero a visitantes, una práctica que, según Parques Nacionales, solo puede ser realizada por la entidad administradora, dado que se trata de un bien público protegido por la Nación.
“El parque no puede convertirse en un espacio bajo control de terceros. La administración y el manejo de estos territorios es responsabilidad del Estado”, advirtió el director, al señalar que estas acciones afectan la institucionalidad y la protección del patrimonio natural.
La situación se vuelve aún más compleja por las advertencias emitidas por la Defensoría del Pueblo, que ha alertado sobre el riesgo que representa la presencia de grupos armados ilegales en la zona, entre ellos las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, organizaciones señaladas de ejercer influencia en sectores cercanos al parque.
