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Alcalde Carlos Pinedo se pronuncia tras el choque en el Tayrona y advierte consecuencias económicas que ya golpean a Santa Marta

La Alcaldía advirtió que el conflicto y el cierre del Tayrona afectan directamente a las comunidades que dependen del turismo y ofreció acompañamiento para lograr una pronta reapertura.

La crisis que rodea el cierre y la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona ya provocó la reacción oficial del gobierno distrital. La Alcaldía de Santa Marta anunció su disposición para intervenir como mediadora en medio del conflicto que enfrenta a comunidades indígenas con autoridades nacionales, y que hoy mantiene en incertidumbre uno de los principales motores turísticos de la ciudad.

A través de un pronunciamiento oficial, la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello expresó su preocupación por los hechos recientes y confirmó que acompañará los espacios de concertación que se desarrollen con el Gobierno Nacional y las comunidades involucradas, con el objetivo de encontrar una salida que permita restablecer el funcionamiento normal del parque.

Desde el Distrito se dejó claro que la decisión de cerrar el Tayrona fue adoptada por el Gobierno Nacional, a través de la entidad encargada de su administración, en medio de un conflicto derivado de actuaciones realizadas dentro del área protegida. No obstante, el impacto de esta situación trasciende lo ambiental y se extiende al ámbito económico y social de Santa Marta.

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La Alcaldía advirtió que la paralización de las actividades turísticas en el parque afecta directamente a decenas de familias que dependen del flujo de visitantes, especialmente aquellas comunidades que desarrollan actividades en las zonas cercanas a la reserva natural.

“El Tayrona es una de las reservas más visitadas del país, y cualquier interrupción en su funcionamiento repercute en la economía local”, señaló la administración distrital, al insistir en la necesidad de avanzar con rapidez hacia una solución concertada.

En ese sentido, el gobierno local hizo un llamado directo a las comunidades indígenas y a las autoridades competentes para que prioricen el diálogo y se acojan a los protocolos institucionales, con el fin de resolver el conflicto sin que se agrave el impacto sobre la ciudad y el país.

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