Familias buscadoras y organizaciones sociales alertan que las presuntas irregularidades podrían afectar la búsqueda de personas desaparecidas en la Región Caribe.
La sede de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Barranquilla vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, las denuncias apuntan a presuntas conductas de acoso laboral, posibles nombramientos irregulares y decisiones administrativas que, según diversos sectores, estarían afectando la búsqueda de personas desaparecidas en la Región Caribe.
El más reciente episodio gira en torno al nombramiento de Adrián Estrada Suárez como coordinador de la Territorial Atlántico, en reemplazo de Ella Del Castillo Pérez, una funcionaria ampliamente reconocida dentro de la entidad por su trayectoria en derechos humanos, justicia transicional y búsqueda humanitaria. La designación ha generado cuestionamientos entre trabajadores, organizaciones sociales y familiares de víctimas.
De acuerdo con las denuncias conocidas públicamente, Del Castillo habría sido víctima de un presunto ambiente de hostigamiento laboral durante la anterior administración regional, situación que habría afectado su salud y la mantuvo alejada de sus funciones durante varios meses. Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas mediante decisiones judiciales o disciplinarias.
Uno de los principales reparos radica en la experiencia del nuevo coordinador. Diversas fuentes sostienen que dentro de las sedes de Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo y Montería existen funcionarios e investigadores con varios años de trayectoria en labores de búsqueda humanitaria, quienes habrían reunido el perfil y la experiencia necesarios para asumir la coordinación territorial bajo criterios de meritocracia.
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Sin embargo, la designación recayó en un funcionario con una trayectoria más reciente dentro de la entidad, lo que ha despertado interrogantes sobre los criterios utilizados para la elección y ha generado inconformidad entre algunos sectores internos y externos.
A ello se suma la controversia por el traslado de la oficina a una nueva sede ubicada en el norte de Barranquilla, en una zona de alta actividad financiera y comercial. Organizaciones de víctimas han expresado preocupación por considerar que el inmueble no ofrecería las condiciones ideales de privacidad, confidencialidad y seguridad que requieren las personas que acuden a la entidad en busca de información sobre sus seres queridos desaparecidos.
Las inquietudes también alcanzan otras decisiones administrativas recientes, como los cambios en los esquemas de vigilancia y seguridad, medidas que, según algunas voces críticas, podrían afectar la atención de una población especialmente vulnerable.
El malestar entre las familias buscadoras no es nuevo. En reiteradas oportunidades, colectivos de víctimas han reclamado mayor celeridad en los procesos, mejor interlocución institucional y resultados concretos en casos emblemáticos que permanecen sin respuesta desde hace décadas.
A pesar de las críticas, la UBPD ha reportado avances en la región a través de intervenciones forenses y acciones humanitarias orientadas a la localización de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Por ahora, hasta el momento, no se conoce públicamente un pronunciamiento oficial de la entidad frente a las recientes denuncias. Entretanto, organizaciones sociales y familias buscadoras insisten en la necesidad de garantizar procesos transparentes, meritocráticos y enfocados en la misión fundamental de encontrar a las personas desaparecidas y brindar respuestas a sus seres queridos.
