Hay 85 líderes que tienen esquema de seguridad dispuesto por la Unidad Nacional de Protección.
La Unidad Nacional de Protección enviará el jueves a Santa Marta una delegación especializada para estudiar los casos que existen de líderes amenazados en el departamento del Magdalena y definir el esquema de seguridad a implementar para garantizar su integridad física.
El anuncio lo hizo el director de la UNP, Pablo Elías González Monguí, quien llegó a la ciudad en atención al llamado de los dirigentes sociales que denunciaron ante las autoridades sentir miedo por las intimidaciones de las que vienen siendo víctimas por parte de actores armados.
El asesinato de la líder Maritza Quiroz, prendió las alarmas en el Magdalena, donde desde el año pasado, diferentes representantes de comunidades aseguran haber sido objeto de amenazas a través de llamadas, panfletos y medios digitales.
González Mongui, reconoció que el problema de violencia existe en el departamento, al igual que en el resto del país. De ahí el compromiso de su entidad de determinar el nivel de riesgo de cada amenazado y disponer de las medidas a implementar.
“Una comisión va a realizar entrevistas a los afectados para iniciar la ruta y adoptar los planes individuales y colectivos que haya lugar”.
“Una comisión va a realizar entrevistas a los afectados para iniciar la ruta y adoptar los planes individuales y colectivos que haya lugar”, señaló refiriéndose puntualmente a Santa Marta.
Sostuvo el director de la UNP que actualmente en Colombia hay 4.300 defensores de derechos humanos y lideres que se encuentran con esquema de protección, de los cuales 82 son del Magdalena. “En el caso de Maritza Quiroz y de los otros dirigentes asesinados no habían amenazas reportadas en su contra, por lo tanto no fue posible actuar con anticipación”, agregó.
El funcionario manifestó que la Unidad Nacional de Protección cuenta con recursos para disponer de vigilancia personalizada a quienes lo requieren en este momento, sin embargo, si la situación de riesgo sigue en aumento no habrá manera de proteger a todos.
Por lo anterior, Gonzáles dijo que si bien es responsabilidad de la UNP atender las solicitudes de amenazados y preservar sus vidas, es fundamental que las otras entidades del Estado intervengan con resultados concretos dirigidos a establecer el origen de las intimidaciones y proceder contra los responsables.
“Es un problema que debe enfrentarse en conjunto, solo así encontraremos las soluciones de raíz”, aseveró.
Aclaró de igual manera que no en todos los casos es necesario disponer de un esquema personalizado. “Tenemos que hacer una evaluación previa que tan
pronto arroje un riesgo extraordinario, nos permitirá saber como proceder para cuidar de la persona que haya sido amenazada”, puntualizó.
