Más de 30 años de buen manejo del suministro eléctrico están en riesgo porque el Gobierno, al no dar garantías para inversión y por falta de regulación clara, deja al país sin nuevos proyectos.
En vísperas de la temporada navideña y con la amenaza del fenómeno de El Niño, el presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, recomendó a los usuarios moderar el consumo energético, limitar el uso de luces decorativas y desconectar equipos que no estén en uso.
El llamado ocurre en medio de una de las coyunturas más críticas del sector eléctrico en los últimos años: las empresas de energía completan 11 meses sin recibir el pago de subsidios, situación que pone al país al borde de un eventual racionamiento.
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Un hueco financiero que pone en jaque al sistema
A cierre de noviembre de 2025, las comercializadoras acumulan saldos por recuperar cercanos a $6,1 billones. De ese monto, $2,4 billones corresponden a opción tarifaria, $2,3 billones a subsidios sin pagar y $1,4 billones a deudas de usuarios oficiales.
Manzur explicó que esta cifra equivale a “casi dos años de ingresos brutos de los comercializadores”, y en compañías como Afinia, representa hasta cuatro años. Además, advirtió que el 69% de esta deuda proviene del sector público, lo que compromete la operación y la estabilidad financiera de las empresas.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, coincidió en el diagnóstico: “Ya son once meses sin que las empresas reciban los subsidios”, lo que ha generado un hueco que supera los $2,8 billones.
Reveló incluso que una distribuidora intervenida por el Estado acumula compromisos por $1,6 billones, de los cuales $1,1 billones corresponden a obligaciones con empresas térmicas, afectando la compra de combustible y la continuidad del servicio.
Subsidios mal focalizados
Manzur cuestionó el sistema actual de subsidios, señalando que no está bien dirigido: “Muchos usuarios con altos ingresos están recibiendo subsidio”. Propuso que la focalización deje de depender únicamente de la estratificación y se incorpore el nivel de ingreso, el nivel de pobreza y el consumo real de los usuarios.
Castañeda recordó que el Gobierno había prometido esa reforma en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se materializó: “Este Gobierno ya va a terminar y no ha hecho nada en ese sentido”.
Según Manzur, el impacto para un usuario de estrato uno sería mínimo —alrededor de $2.400 menos al mes, pero para las empresas significa la posibilidad de garantizar o no la prestación del servicio.
Riesgos regulatorios de la Creg
Los gremios también alertaron sobre las propuestas regulatorias de la Creg. Manzur señaló que una resolución en estudio reduciría en cerca de $1 billón los ingresos anuales de las comercializadoras, lo que podría convertirse en “la estocada final” para varias empresas, especialmente en la región Caribe y en compañías pequeñas o departamentales.
Advirtió que esto podría llevar a intervenciones estatales y a la incapacidad de seguir financiando subsidios o asumir riesgos de cartera.
Un llamado a decisiones técnicas
Frente al panorama, Manzur insistió en que las soluciones deben estar basadas en rigor técnico y flexibilidad:
“No pongamos rigideces en la ley. El sector cambia con rapidez: medidores inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares… La regulación debe adaptarse a esa dinámica”.
Mientras tanto, los gremios insisten en la necesidad urgente de liquidez, reformas de fondo y reglas claras para evitar que el país enfrente apagones o un deterioro irreversible en la prestación del servicio eléctrico.
