En medio de la indiferencia estatal, las comunidades del norte del departamento enfrentan un escenario donde la ley del fusil se impone sobre la autoridad civil.
La reciente actualización de la Plataforma Defensora de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, que el pasado lunes documentó 4.356 homicidios desde 2010 en la subregión norte del Magdalena, ha encendido nuevamente las alarmas por la persistencia del conflicto armado entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
A este panorama se suma la advertencia de especialistas en derechos humanos, quienes aseguran que el departamento atraviesa una crisis humanitaria en expansión, marcada por desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y control social ejercido por grupos ilegales.
Según la comunicadora social y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Adela Inés Luna, en conversación con Santa Marta Al Día, la violencia actual se manifiesta a través de “graves violaciones al derecho internacional humanitario, con ataques indiscriminados, homicidios selectivos y desplazamientos forzados”, lo que ha fracturado el tejido social y dejado a la población civil en total vulnerabilidad.
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Luna señala que las estructuras conocidas como ‘los primos’ han profundizado el conflicto al mantener “una red de extorsión y control ilegal del territorio”, lo que fortalece la presencia armada y limita el respeto pleno de los derechos humanos. “Su participación agrava la situación de violencia en el departamento, impidiendo que nuestras comunidades vivan en paz”, puntualizó.
Zona norte del Magdalena más afectada
Los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Pivijay figuran entre los más golpeados por este escenario. Según la especialista, en estas zonas “el temor es constante y los desplazamientos se han vuelto frecuentes”, generando un clima de inseguridad que vulnera la dignidad humana y profundiza la crisis social.
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La defensora explicó la necesidad de una intervención inmediata por parte del Estado, con presencia efectiva de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la implementación de protocolos humanitarios que garanticen la protección de la población civil.
“Lo que ocurre en el Magdalena no puede ser ignorado, las comunidades necesitan protección, justicia y un compromiso real con la paz y los derechos humanos, es responsabilidad del Estado hacer cumplir el Derecho Internacional Humanitario”, concluyó Luna.
Finalmente, el pueblo magdalenense, espera que el país deje de mirar hacia otros frentes del conflicto, pues el territorio se ha convertido en uno de los más sangrientos y peligrosos de la nación, cobrando vidas casi a diario, por lo que se requiere una intervención estatal que ponga fin a los altos índices de violencia.
