Los cabildantes coincidieron en pedir la intervención inmediata de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como el fortalecimiento de los operativos de seguridad.
La Asamblea Departamental del Magdalena encendió las alarmas por la crítica situación en la vía Ciénaga–Barranquilla, afectada por bloqueos recurrentes, cobros ilegales y una creciente inseguridad que impacta directamente la movilidad, el comercio y el costo de vida en la región Caribe.
Durante la sesión ordinaria del 7 de octubre, los diputados expresaron su preocupación ante la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades competentes. La presidenta de la corporación advirtió que los cierres constantes han encarecido los productos de la canasta familiar en Santa Marta, debido al retraso en el ingreso de alimentos y mercancías.
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“Mientras los conductores esperan la reapertura del paso, son víctimas de atracos y amenazas. Incluso, en algunos desvíos se están cobrando peajes informales para poder continuar el recorrido”, señaló.
Preocupación compartida por toda la corporación
La plenaria coincidió en que la situación afecta no solo a quienes trabajan entre Santa Marta y Ciénaga, sino también a los viajeros de todo el país que utilizan este corredor estratégico. “Es una preocupación que asalta no solo a los diputados, sino también a todos los magdalenenses y a quienes transitan por esta vía”, afirmó la presidenta de la Asamblea.
Los diputados insistieron en que la falta de control y la ausencia de una estrategia estructural agravan el panorama de movilidad y seguridad en una de las carreteras más importantes del Caribe colombiano.
Inseguridad y cobros ilegales
La primera vicepresidenta de la Asamblea, Marta García Rivera, denunció el incremento de los delitos en la zona, donde además de los bloqueos se registran atracos, accidentes y saqueos de vehículos. Según la diputada, algunos conductores deben pagar “peajes” improvisados para poder continuar su trayecto.
“En cada esquina colocan palos o llantas y obligan a entregar dinero; de lo contrario, golpean los vehículos. Esto se ha convertido en una odisea para los transportadores”, relató García Rivera.
Exigen presencia institucional
Los diputados coincidieron en pedir la intervención inmediata de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como el fortalecimiento de los operativos de seguridad para garantizar la libre circulación y proteger a los ciudadanos.
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Además, solicitaron priorizar la atención a esta problemática que afecta el abastecimiento, la economía y la tranquilidad de toda la región. La corporación anunció que continuará ejerciendo control político hasta que se adopten soluciones estructurales que restablezcan la normalidad en este corredor vial clave para el Caribe colombiano.
