Un Juez de la República determinó mediante la acción constitucional analizar también la problemática sobre la ubicación en un sitio de aislamiento ventilado.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Control de Conocimiento de Santa Marta, admitió una acción de tutela que había sido presentada por el Personero Distrital Edwar Orozco, en la que se pedía el suministro de elementos de bioseguridad a 17 jóvenes bachilleres del INPEC que se encuentran prestando su servicio militar al interior de la cárcel Rodrigo de Bastidas.
De acuerdo con lo manifestado por el Personero, después de instaurada la acción legal, el Juez de La República determinó mediante la acción constitucional, analizar la problemática sobre la ubicación en un sitio de aislamiento ventilado que se requiere para mejorar las condiciones de higiene, con el fin de evitar el incremento de contagios por Covid – 19 y se les garantice el derecho a salud a estas personas.
“Los jóvenes se encuentran hacinados en un cuarto del centro carcelario, y muchos hasta duermen en el mismo sitio, lo que queremos es buscar la protección y las garantías de los derechos de estas personas”, dijo el funcionario.
Por otro lado, Orozco manifestó que algunos que hacen parte de este grupo de auxiliares, están confirmados como casos positivos de Covid- 19, por lo que, en este sentido se pide también ordenar a Seguros del Estado SA practicar las pruebas correspondientes de manera inmediata tanto a los que son sintomáticos como asintomáticos.
Asimismo, el Personero aseguró que “desde que inició la emergencia sanitaria hemos venido haciendo acompañamiento a lo que sucede con las personas privadas de la libertad, guardias y personal administrativo de la cárcel. Estamos analizando las procedencias de otras acciones en conjunto con la Procuraduría Regional del Magdalena y Defensoría del Pueblo, también nos hemos reuniendo para socializar las medidas durante la pandemia”.
