La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture, por presuntas irregularidades en contratos para atender la actual emergencia sanitaria por la Covid-19.
Se trata de la suscripción y ejecución de dos contratos, uno por $19.300 millones con la empresa Tradign Group International S.A.S., para la entrega de 4.200 mercados, y otro por $1.377.600.000 con el contratista TRI FIT S.A., para la prestación del servicio de transporte de una bodega en Barranquilla, hacia los municipios, corregimientos y veredas del departamento.
“El proceso tiene que ver con presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia”, afirmó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en medio de una rueda de prensa virtual.
El órgano de control afirmó que se busca establecer si se vulneraron los principios y normas que regulan la contratación estatal y el deber de selección objetiva, en concordancia con los de eficiencia, moralidad y respeto por el patrimonio público.
La Procuraduría actualmente tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, el órgano como parte del programa ‘Transparencia para la emergencia’, había iniciado 123 expedientes disciplinarios.
De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.
Por regiones, en el Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios, en la Pacífico 48 en 34 municipios, en la Andina 188 en 139 municipios, en la Orinoquía 17 procesos en 13 municipios, y en la Amazonía 5 procesos en 5 municipios.