Informes de la ONU y organizaciones sociales advierten que la violencia contra defensores de derechos humanos persiste en Colombia, con más de 400 asesinatos entre 2022 y 2025, concentrados en regiones como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, y con fuerte incidencia de grupos armados ilegales.
Colombia continúa siendo un escenario crítico para la defensa de los derechos humanos. De acuerdo con informes de la ONU, indican que más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia entre 2022 y 2025, una cifra que refleja la gravedad de la violencia contra quienes ejercen esta labor.
Es importante diferenciar que, aunque en muchos casos se asocian, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos no son exactamente lo mismo. Mientras los primeros representan y gestionan procesos comunitarios, los segundos se enfocan específicamente en la promoción y protección de derechos fundamentales. Sin embargo, ambos grupos enfrentan altos niveles de riesgo en Colombia.
En términos territoriales, el fenómeno muestra una fuerte concentración en zonas con presencia de actores armados.
El Cauca se posiciona como el departamento más afectado, seguido por Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo. También se registran cifras relevantes en Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, así como en Chocó y Guaviare, lo que evidencia la expansión de esta problemática en distintas regiones estratégicas.
El perfil de las víctimas permite dimensionar la gravedad del problema: de los más de 400 casos documentados, la mayoría corresponde a hombres, aunque también se reportan mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+.
A nivel social y étnico, una proporción significativa de las víctimas eran campesinos, indígenas y afrodescendientes, comunidades que históricamente han enfrentado condiciones de vulnerabilidad.
Las investigaciones señalan que los principales responsables de estos crímenes serían grupos armados no estatales, vinculados en gran medida a disputas por el control territorial.
En menor medida, también aparecen organizaciones criminales y actores individuales. En muchos de los casos analizados, los homicidios habrían sido ejecutados como parte de estrategias para imponer dominio sobre economías ilegales, corredores estratégicos y comunidades locales.
Además de los asesinatos, el panorama de violencia incluye un número aún mayor de agresiones. Durante el mismo periodo, se documentaron más de 2.000 ataques contra defensores de derechos humanos, entre los que predominan las amenazas. También se registran intentos de homicidio y secuestros, lo que demuestra que el riesgo no se limita a los casos fatales.
No obstante, organismos internacionales advierten que estas cifras podrían ser mayores, debido al subregistro existente y a la falta de un sistema unificado de información en el país, lo que dificulta establecer la verdadera dimensión del problema.
Si bien el informe reconoce que el Gobierno ha priorizado esta situación y ha impulsado algunas acciones de prevención, también concluye que los resultados no han sido suficientes. La violencia persiste y, en algunos territorios, mantiene patrones similares a los de años anteriores.
En ese sentido, la ONU advierte que las respuestas institucionales siguen siendo fragmentadas y desarticuladas, lo que limita su efectividad.
Finalmente, el informe subraya que el nivel municipal continúa siendo el punto más débil dentro del sistema de garantías, dejando a defensores y líderes sociales expuestos frente a amenazas constantes en sus territorios.
