Tutela de la Procuraduría ordena definir medidas en centros de detención transitoria de Santa Marta y Ciénaga

El mecanismo constitucional fue admitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de control de conocimientos.

Los centros penitenciarios de Colombia y el alto porcentaje de hacinamiento que se registran en su interior, motivan al Ministerio Público a tomar acciones  ante las medidas de salubridad para evitar contagios del coronavirus.

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En el caso del Magdalena la procuradora 163 judicial II penal, Gloria Guzmán Duque, impetró una acción de tutela en contra del Inpec, la Gobernación, las Alcaldías de Ciénaga y Santa Marta, el comandante de la Policía departamental y la seccional de la Fiscalía, teniendo como objetivo definir medidas de protección para la población carcelaria en centros de detención transitoria.

La tutela, que además busca vincular a la Defensoría del Pueblo y a Amicus Curiae, fue admitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de control de conocimientos, expone que los presos conforman un sector altamente vulnerable en adquirir el virus. En las cárceles del país ya se contabilizan 997 contagios y 4 muertes.

Según la petición de Guzmán Duque el Decreto de excarcelación 536 de 2020, no es suficiente, a su juicio se debe complementar los protocolos de bioseguridad con la creación de un comité que evalúe las medidas eficientes para la protección de las personas privadas de la libertad.

La decisión jurídica, ordena al Inpec, a la Uspec, Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, que en un plazo de 3 días hábiles integren una comisión interinstitucional en donde se evalúen las medidas que se puedan adoptar para la protección de la vida y salud de  los internos en Santa Marta y Ciénaga, en los llamados Centros de detención Transitoria.