La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dispuso el cierre preventivo de los restaurantes Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía, tras hallar fallas graves en las instalaciones eléctricas y de gas combustible que, según la entidad, representan un riesgo inminente para la vida y seguridad de trabajadores y clientes.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los restaurantes Andrés Carne de Res, ubicados en Bogotá y Chía, luego de identificar graves deficiencias en las instalaciones eléctricas y de gas combustible durante una inspección realizada los días 10 y 11 de septiembre.
Según el organismo de control, las irregularidades detectadas “constituyen un riesgo inminente para la vida, la salud y la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes”.
Entre las fallas reportadas se encuentran conductores eléctricos expuestos, deficiencias en los tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, así como falta de ventilación en zonas con gas combustible y uniones sin protección anticorrosiva.
La SIC advirtió que estas condiciones podrían provocar incendios, explosiones o intoxicaciones, motivo por el cual ordenó la suspensión inmediata de actividades en los establecimientos.
La empresa asegura haber cumplido con las medidas correctivas
Tras conocerse la decisión, Andrés Carne de Res emitió un comunicado oficial en el que manifestó haber cumplido con las recomendaciones impartidas por la Superintendencia y aseguró que ya realizó las adecuaciones necesarias para mejorar sus sistemas eléctricos y de gas.
Asimismo, informó que este martes 21 de octubre radicará ante la autoridad competente los soportes técnicos que evidencian las correcciones, con el objetivo de levantar la medida preventiva y reabrir sus restaurantes lo antes posible.
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“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la mejora continua de nuestras operaciones”, señaló la empresa en su pronunciamiento.
Sanciones y medidas administrativas
Además del cierre temporal, la SIC anunció la apertura de cuatro investigaciones administrativas contra la empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S, propietaria de los establecimientos.
El incumplimiento de las órdenes podría acarrear sanciones económicas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La entidad aclaró que el levantamiento de las medidas solo se efectuará una vez se verifique, mediante pruebas técnicas, que se corrigieron las deficiencias y se garantizan las condiciones de seguridad exigidas por los reglamentos.
