El alto tribunal suspendió provisionalmente apartes del decreto que permitía trasladar recursos a la UNGRD. El presidente aseguró que la decisión pone en riesgo las medidas para enfrentar una megasequía que, según afirmó, afectará al país desde diciembre.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente dos apartes del Decreto 802 de 2026, norma que autorizaba el traslado de recursos hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión del alto tribunal se produjo tras una demanda presentada por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, quien argumentó que el decreto otorgaba facultades al Gobierno para modificar la distribución del Presupuesto General de la Nación sin la aprobación del Congreso.
A través de su cuenta en X, Petro aseguró que la medida judicial frena las acciones de su Gobierno para prepararse ante una fuerte sequía que, según afirmó, comenzará a sentirse en diciembre.
Le puede interesar: Millonario robo a Bancolombia: delincuentes apagaron las cámaras y entraron hasta la bóveda sin dejar rastro
“Lo que viene no es lluvia sino muchísimo sol”, escribió el mandatario, al señalar que los recursos estaban destinados a garantizar agua potable para el Caribe, subsidiar fertilizantes y fortalecer la generación de energía mediante paneles solares.
El presidente también cuestionó la decisión del Consejo de Estado y sostuvo que retrasar la financiación de estas medidas podría tener graves consecuencias.
“Si no se financia a tiempo el decreto, ya no se perderá el tiempo, sino que se perderán vidas”, afirmó.
Además, Petro responsabilizó a su exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, de la situación y pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que una vez asuma el cargo reactive la financiación del decreto utilizando los mecanismos contemplados en la Ley de Desastres.
Mientras tanto, el Consejo de Estado mantiene suspendidas de forma provisional las disposiciones demandadas, al considerar que el Ejecutivo no puede modificar la distribución del gasto público sin la autorización del Congreso, mientras avanza el estudio de fondo del caso.
