El gobernador Caicedo aseguró que una de las viviendas las adquirió desde hace más de 20 años y es donde reside su madre.
Respecto a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de embargar bienes del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y el ex alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, el mandatario de los magdalenenses se defendió diciendo que todo hace parte de un “refrito” de una investigación que está infundada en búsqueda de enlodarlo.
Según Caicedo es una una persecución en su contra en la que la Fiscalía del Magdalena ha estado inmersa y que está enfundada sobre supuestos errados y en los que podría estar incluido el senador Álvaro uribe, apoyado por la política tradicional del Magdalena.
“Se han instrumentalizado para impedir que sigamos en este proceso de cambio y transformación”, dijo el Gobernador del Magdalena.
Dijo que no hay enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación en bienes propios y que nunca hizo contratos y que esto fue firmado por los gerentes de la ESE Alejandro Próspero Reverend en su tiempo.
Manifestó que no tiene bienes en Barranquilla y explicó que fue embargado un apartamento de 80 metros que fue comprado cuando era rector de la Universidad del Magdalena, más dos bodegas donde guarda cosas que no caben en la vivienda. “El segundo inmueble en el que habita mi madre es una casa de 60 metros cuadrados en un barrio popular, que es resultado de mi trabajo honesto. Mi madre lo habita hace casi 20 años”.
“No hay enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación en derecho propio. No firmé contratos”, dijo Caicedo aclarando que fueron firmados por los gerentes de la ESE, sobre los puestos de salud por los que es investigado a través del programa Vicky en Semana.
A través de la Fiscalía General de la Nación, se conoció que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ordenó medidas cautelares de embargo y secuestro a 11 bienes avaluados en $766 millones.
La investigación que adelanta la Fiscalía contra Carlos Caicedo y Rafael Martínez se da porque cuando fueron alcaldes de Santa Marta (2012 – 2015 y 2016 – 2019), al parecer, suscribieron contratos irregulares para la demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud.
