La joven reconoció su responsabilidad dentro del preacuerdo presentado por la Fiscalía ante un juez de Bogotá y aceptó una condena de tres años por el uso de títulos académicos irregulares.
Juliana Guerrero decidió hablar públicamente este 9 de septiembre y publicó una carta dirigida al país en la que reconoció su responsabilidad por el delito de fraude procesal y ofreció disculpas por sus actuaciones.
El mensaje fue divulgado pocas horas después de que la Fiscalía presentara ante un juzgado de Bogotá el preacuerdo alcanzado con Guerrero, mediante el cual aceptó su responsabilidad y se estableció una pena de tres años de condena.
En su carta, la joven explicó que había mantenido silencio durante el desarrollo del proceso “por respeto a la justicia y a las instituciones” y aseguró que llegó el momento de reconocer públicamente que tomó decisiones equivocadas.
“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”, escribió.
Pidió perdón a quienes confiaron en ella
Guerrero dirigió sus disculpas a diferentes sectores y personas que, según expresó, resultaron involucrados de alguna manera en la controversia. Pidió perdón al país, a su familia y a quienes confiaron en ella, además de mencionar a los jóvenes que en algún momento pudieron verla como un referente.
También extendió sus disculpas a la Fundación Universitaria San José, a su fundador Francisco Pareja y a integrantes de la comunidad académica.
Le puede interesar: La versión de Yulieth no cuadró: juez puso la lupa sobre el caso de María Camila Potosí
En el caso de la vicerrectora académica Estefany Camacho y la rectora Romelia Ñuste, Guerrero aclaró expresamente que no tuvo contacto con ninguna de las dos.
El caso comenzó por sus títulos académicos
La investigación se originó por dos credenciales académicas que Guerrero incorporó a su hoja de vida: una como tecnóloga y otra como contadora pública. Según la Fiscalía, estos títulos fueron expedidos sin que se hubieran cumplido los requisitos académicos correspondientes.
Durante la diligencia judicial, la fiscal Jessica Montealegre sostuvo que Guerrero conocía las irregularidades y utilizó los documentos con el propósito de acreditar una formación académica ante el nominador del entonces Ministerio de Igualdad.
La Fiscalía cuestionó el proceso académico
De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, Guerrero había cursado ocho semestres en una universidad del Cesar y posteriormente adelantó gestiones para homologar esos estudios ante la Fundación Universitaria San José.
Montealegre afirmó durante la diligencia que Guerrero no asistió a clases ni presentó exámenes o las pruebas del Icfes relacionadas con la obtención de las credenciales cuestionadas.
El reconocimiento de responsabilidad representa un cambio frente a la postura que Guerrero había asumido anteriormente ante la justicia.
En una primera etapa, cuando compareció ante un juez de control de garantías, se declaró inocente frente a los señalamientos.
Posteriormente, ante un juez de conocimiento y dentro de la negociación con la Fiscalía, aceptó su responsabilidad.
