Una acción judicial presentada por un exmagistrado de la Corte Constitucional cuestiona el decreto que fijó el nuevo salario mínimo en Colombia y pide su suspensión provisional, al considerar que vulnera el debido proceso y pone en riesgo la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Las decisiones del Gobierno Nacional sobre el aumento del salario mínimo ya llegaron a los estrados judiciales. En las últimas horas se conoció la presentación de una acción de tutela que pretende frenar la aplicación del incremento salarial decretado para 2026, al considerar que se adoptó sin respetar los mecanismos constitucionales de concertación.
La tutela fue interpuesta por el comerciante Alexander Donato Rondón, con la representación jurídica del exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo. En el documento se cuestiona que el salario mínimo haya quedado fijado en 1.746.882 pesos, sin incluir el auxilio de transporte, bajo un procedimiento que, según los accionantes, vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
Le puede interesar: Lo que nadie vio venir: exjugador del Unión Magdalena termina preso por hechos que son materia de investigación
El escrito sostiene que el Ejecutivo habría excedido sus competencias al adoptar la medida, pasando por alto el debate en la mesa de concertación tripartita y basando su decisión en criterios que no están contemplados en la normatividad vigente. Entre ellos, un concepto denominado “salario vital”, sustentado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que según la tutela no tiene fuerza legal para reemplazar el proceso de concertación.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a lo que consideran una inconsistencia en la fijación del salario y el auxilio de transporte, lo que podría derivar en una doble carga económica para los empleadores. Para los demandantes, esta situación afecta directamente la sostenibilidad financiera de miles de pequeños negocios en el país.
La acción judicial también advierte sobre las consecuencias inmediatas del incremento, que en promedio alcanzaría un 23,7% si se suma el auxilio de transporte. Según el documento, este aumento abrupto no tuvo en cuenta el impacto real sobre las MiPymes, el empleo formal ni el trabajo informal, sectores que ya enfrentan presiones por el aumento de costos operativos.
En ese contexto, la tutela solicita al juez constitucional que se decrete la suspensión provisional de los decretos 1469 y 1470 de 2025, mientras se realiza un estudio de fondo sobre su legalidad.
Los accionantes alertan que parte del daño económico ya podría estar materializándose, reflejado en cierres de negocios, reducción de jornadas laborales y eliminación de puestos de trabajo.
