La Procuraduría General de la Nación exigió a seis entidades del orden nacional el reporte del cumplimiento a las medidas que solicitó para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta, y pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue presuntos delitos en el manejo del humedal en los que estarían comprometidos servidores y particulares.
Después de avanzar en la acción preventiva y de actividades de trabajo coordinado con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público ofició al ente de investigación para que evalúe presuntas conductas penales que estarían afectando los recursos naturales en la CGSM.
Simultáneamente cerró la acción preventiva y envió informe con fines disciplinarios para que se investigue presuntas omisiones en la recuperación, conservación y mantenimiento del ecosistema.
Entre las solicitudes hechas por el Ministerio Público están la comunicación al Departamento Nacional de Planeación para apropiar los recursos y la agenda pública para dar respuesta a la grave problemática social, económica y ambiental que presenta la ciénaga; al Ministerio de Ambiente activar control permanente y superior sobre los procesos de licenciamiento ambiental en la zona, además de enviar exhortos, llamados urgentes, y activar hace más de un año el Comité Interinstitucional para la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta para proteger este ecosistema.
Además, en carta enviada el pasado 4 de marzo de 2019 al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón; al director de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Copamag); a la gobernadora, Rosa Cotes de Zúñiga; a la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Territorial Caribe, Luz Elvira Angarita Jiménez; a la Capitanía del Puerto de Santa Marta, capitán de corbeta Juan Pablo Huertas; al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo Verdugo Garavito, y al director de fiscalías de Magdalena, Vicente Guzmán, la Procuraduría reclamó un trabajo articulado entre las instituciones para proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta, y diseñar e implementar un plan de acción que permita afrontar esta grave problemática.
En este sentido, fijó un plazo de 30 días para que las autoridades realicen la coordinación intra e interinstitucional para generar acciones que contengan los procesos para “frenar la sedimentación, la alteración geomorfológica del suelo como adecuación para cultivos y ganado, la canalización de arroyos, los cambios en la calidad de hábitats y la fragmentación ecosistémica en general y el déficit hídrico de la CGSM”.
La Procuraduría pidió adelantar control de vertimientos, restitución de cauces y bienes de uso público, saneamiento predial, celeridad en los procesos sancionatorios ambientales, y adopción del Plan de Manejo Ambiental, control a la expansión de la frontera agrícola en zonas de humedal y ordenamiento pesquero, y de las captaciones de aguas superficiales y subterráneas.
“La coordinación de acciones debe realizarse con sujeción a las competencias de cada autoridad y enmarcándose en los planes ambientales y de ordenamiento vigentes, para poder garantizar recursos permanentes y que las intervenciones no sean inmediatistas o coyunturales, sino que por el contrario obedezcan a una planificación coherente y organizada de la ciénaga Grande de Santa Marta, que posibilite la creación y consolidación de una estructura estable de gestión para la zona”.
