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Santa Marta

Presunto cartel de robo de lotes genera inseguridad inmobiliaria en Santa Marta

Advierten que la inspectora de Policía de Gaira estaría presuntamente implicada.

Se agravan las denuncias de empresarios y vecinos de Santa Marta por presunto prevaricato por acción, falsedad en documento público y fraude en documento procesal en varias lotes y propiedades.

Hace un mes, a la sala de redacción de Santa Marta Al Día, llegó la denuncia interpuesta contra la señora Celmira Bolaño Mier, inspectora de Policía de Gaira, se da por el presuntamente apoyar en la comisión de una delito de falsedad en la documentación en a presunta compra de un predio a nombre de otra persona en Santa Marta.

Los empresarios que invierten en la construcción tienen una inseguridad jurídica porque se quejan, porque este presunto cartel que se encuentra incrustado en la alcaldía distrital a través de presuntamente esta funcionaria, no les permite tener la seguridad de lo que estén comprando sea legal o ilegal porque puede aparecer el real dueño en años posteriores y eso está afectando la economía de la ciudad.

Piden a las autoridades correspondientes respectivas una pronta esclarecimiento de esa denuncia.

Hay un exfuncionario de la Alcaldía involucrado

El proceso también tiene involucrado al exsecretario de Gobierno, Marcelino Kadavid Rada.Según el denunciante, el jurista Rafael Tobías Pitre, representante del señor Germán Libreros Sánchez denuncia que se habrían cometidos irregularidades en la adquisición de un lote rural ubicado en la ciudad de Santa Marta, sector Bureche, cuya dirección es carrera 20 No. 64-383.

Los denunciantes aseguran que Celmira Bolaño Mier, inspectora de Policía de Gaira incurrió en prevaricato al no haber notificado una querella contra Oscar Luis Bravo, por una presunta apropiación ilegal del predio mencionado.

Investigan banda

Las autoridades ante estas denuncias, han iniciado una investigación a una presunta red dedicada al robo de lotes y propiedades en distintos puntos de la capital del Magdalena.

La denuncia va ligada a que se estarían aprovechando de la cercanía con inspectores para acelerar procesos y desestimar solicitudes y reclamos para desalojo.

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