De prosperar esta acción, se pondría fin a una de las intervenciones más prolongadas en la historia reciente del sector de servicios públicos en Santa Marta.
Una acción de cumplimiento presentada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena busca que se decrete la disolución definitiva de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar), tras casi cuatro años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El recurso judicial fue interpuesto por el abogado Gerardo Martínez, quien argumenta que la Superintendencia ha incumplido los términos legales establecidos para este tipo de medidas. De acuerdo con la demanda, la intervención iniciada el 22 de noviembre de 2021 debía resolverse en un plazo máximo de un año, prorrogable únicamente por dos meses adicionales, plazo que ya fue ampliamente superado.
“La ley es clara si durante el periodo de intervención no se cumple el objetivo de recuperación ni se aportan recursos extraordinarios del Gobierno Nacional para su salvamento, el siguiente paso obligatorio es la disolución de la empresa”, explicó Martínez.
La Superintendencia asumió el control de la Essmar tras detectar presuntos malos manejos administrativos y deficiencias en la prestación del servicio público. En febrero de 2022, el ente de control definió que el propósito de la intervención sería determinar si la empresa era recuperable o debía entrar en liquidación.
Sin embargo, luego de evaluar la contabilidad y los estados financieros, el informe concluyó que la Essmar no era viable económicamente, lo que, según el abogado demandante, deja en evidencia que el proceso de intervención perdió su fundamento legal.
El caso ahora está en manos del Tribunal Administrativo del Magdalena, que deberá decidir si ordena a la Superintendencia dar cumplimiento a la normativa y decretar la disolución definitiva de la entidad.
