La Gobernación del Magdalena denunció que las cámaras de seguridad del centro asistencial no han tenido la custodia adecuada.
Sigue siendo un misterio lo que sucedió en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Santander Herrera de Pivijay. Las instalaciones fueron vandalizadas, las puertas sustraídas, la señalización afectada, hubo daños en el sistema de red de frío, y lo peor, es que nadie vio nada.
Tras el hecho, la Junta Directiva del hospital convocó una reunión extraordinaria y por decisión unánime rechazó los hechos vandálicos en el que terminó desvalijada y abandonada la UCIm.
“Rechazamos enérgicamente estos actos vandálicos y le solicitamos a las autoridades tomar cartas en el asunto. No es posible que desde el departamento se este fortaleciendo la red pública hospitalaria y haya criminales destruyendo el patrimonio público”, Hans Rangel, presidente (e) de la junta directiva.
Asimismo, aseguró que interpondrán acciones disciplinarias contra la gerencia del hospital, toda vez que la custodia de los bienes públicos del patrimonio de la ESE están a su cargo.
La Junta Directiva le solicitó a la gerente que investigue y determine las obligaciones y responsabilidades de la empresa de seguridad que tenía en ese momento, dado que las cámaras de seguridad fueron alteradas.
Declaración de víctimas
En una rueda de prensa donde asistieron Adolfo Bula, secretario de Gobierno Departamental; José Humberto Torres, jefe de la oficina asesora jurídica; Diana Celedón, secretaria de Salud y Hans Rangel, presidente de la Junta Directiva, en Pivijay, pidieron que la Gobernación del Magdalena sea declarada víctima.
Para ello, les harán llegar a la Procuraduría y Fiscalía la denuncia de lo sucedido.
Con respecto a las cámaras de seguridad, el jefe de la oficina asesora jurídica aseguró que no fueron custodiadas como era debido y no hay conocimiento de que ha pasado con ello.
“El DVR en el cual se almacena la información de las cámaras que graban lo que ocurrió, no han tenido la cadena de custodia que deberían tener para evitar que no sean contaminadas las pruebas”, dijo José Humberto Torres, jefe de la oficina asesora jurídica de la gobernación.
Para poder esclarecer el vandalismo a la que fue sometida la ESE, el secretario de Gobierno, Adolfo Bula, ofreció por parte de la Gobernación del Magdalena una recompensa de 10 millones de pesos a quien entregue información que ayude a dar con los responsables.
Cabe recordar que, la suma económica a la que ascienden los daños se desconoce y deben ser los órganos aseguradores quienes determinen el monto.
