Una grave denuncia ciudadana vuelve a poner en evidencia presuntas fallas en la custodia de bienes bajo control judicial en Santa Marta. Ángela María Machado, propietaria de una motocicleta involucrada en un accidente en 2016, asegura que su vehículo debía permanecer inmovilizado en los patios de la Fiscalía General de la Nación, pero terminó circulando en distintos municipios del país y acumulando multas millonarias, sin que hasta hoy exista una explicación clara.
“Esto es una injusticia. Yo cumplí con todo lo que me exigieron, entregué la moto, hice los trámites, y ahora quieren que pague una deuda que no es mía”, afirmó la denunciante.
Un accidente, una investigación y una custodia sin claridad
El caso se remonta al 21 de diciembre de 2016, cuando la motocicleta de placas JJE17C estuvo involucrada en un accidente de tránsito en Santa Marta. Tras el hecho, se elaboró el informe oficial y el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía, iniciando una investigación penal.
Aunque el proceso fue archivado posteriormente tras el desistimiento de la víctima, la propia Fiscalía confirmó que nunca se solicitó formalmente ante un juez la entrega del automotor, por lo que debía continuar bajo custodia judicial.
Según respuestas oficiales, la motocicleta debía permanecer en un parqueadero autorizado. Sin embargo, dicho establecimiento negó haberla recibido y no existe constancia documental de su ingreso a patios oficiales, dejando en duda su paradero durante varios años.
“Mi moto nunca debió salir de custodia. Si se perdió o la dejaron circular, no fue por culpa mía”, sostuvo Machado.
Se pasan la responsabilidad mientras el problema crece
Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer comparendos en municipios de La Guajira, evidenciando que el vehículo estaba circulando pese a su condición judicial.
La Empresa de Sistemas Integrados de Tránsito y Transporte de Santa Marta S.A.S. (ESITTS) confirmó que la motocicleta registra sanciones y figura a disposición de la Fiscalía, pero aclaró que no puede eliminar multas impuestas por otras autoridades.
Por su parte, la Policía Nacional de Colombia sostiene que cumplió con dejar el vehículo bajo control judicial. La Fiscalía, entre tanto, afirma que no tiene competencia para anular comparendos por tratarse de asuntos administrativos.
Cada entidad entrega una versión distinta, sin asumir responsabilidad directa.
“Todos se lavan las manos. Nadie responde, pero a mí sí me cobran, me amenazan con embargos y me dañan el nombre”, reclamó la afectada.
La deuda millonaria crece y piden respuestas
Como consecuencia de esta cadena de omisiones, las multas acumuladas superan los seis millones de pesos, generando procesos de cobro, reportes y posibles embargos que han afectado gravemente la situación económica de Ángela María Machado.
Aunque se han presentado solicitudes ante el Instituto de Tránsito y Transporte de Albania y el Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Maicao, no se ha logrado depurar la información ni anular las sanciones.
“Yo no tengo ese dinero. No es justo que por errores internos, negligencia o malos procedimientos ahora quieran arruinarme la vida financiera”, expresó.
La denunciante exige que se esclarezca quién tuvo realmente la custodia del vehículo, por qué nunca ingresó formalmente a patios y quién permitió su circulación irregular. Además, solicita que se anulen los comparendos generados durante ese periodo o que la entidad responsable responda por los perjuicios causados.
Mientras no haya una respuesta oficial concreta, el caso continúa en el limbo administrativo y se convierte en otro ejemplo de cómo la falta de coordinación institucional termina afectando directamente a los ciudadanos.
