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Ni el ultimátum del alcalde ha frenado la crisis de basuras en Santa Marta: Atesa opera de manera vergonzosa en la ciudad

La acumulación de residuos, los contenedores desbordados y el incumplimiento de rutas mantienen a la capital del Magdalena en alerta sanitaria, mientras crecen las críticas contra el operador del servicio.

La crisis en la recolección de basuras en Santa Marta continúa sin solución, pese al ultimátum lanzado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello. La empresa Atesa sigue en el centro de las críticas por la deficiente prestación del servicio en distintos sectores de la ciudad.

En avenidas principales, separadores, esquinas y zonas residenciales es evidente la acumulación de residuos. Los contenedores permanecen desbordados y las rutas de recolección no se estarían cumpliendo con la frecuencia necesaria, según denuncias reiteradas de la ciudadanía.

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El panorama ha generado preocupación por las posibles consecuencias sanitarias y ambientales, especialmente en una ciudad con vocación turística que depende de su imagen urbana.

Cuestionamientos al modelo y a la supervisión

Desde el Concejo Distrital se ha advertido que el problema no se limita a la frecuencia de recolección, sino que responde a fallas estructurales en el modelo implementado. La contenerización, concebida como una solución moderna para optimizar el servicio, no estaría funcionando como se proyectó inicialmente.

A ello se suma la falta de inversión en vehículos adecuados y una operación que, según críticos, no cumple con estándares técnicos ni con las exigencias contractuales.

También se ha puesto sobre la mesa el papel de la supervisión ejercida por la Essmar, entidad encargada de vigilar la ejecución del contrato, en medio de cuestionamientos sobre la forma en que Atesa asumió la operación tras el traspaso desde Interaseo durante la pasada administración distrital, encabezada por la exalcaldesa Virna Johnson.

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Incertidumbre sobre el futuro del contrato

La concesión vigente vence el próximo año, y desde distintos sectores se plantea la posibilidad de no otorgar una ampliación, argumentando que el operador no ha demostrado eficiencia ni capacidad para resolver la crisis.

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