Rodrigo Lara calificó como una “triste equivocación” las declaraciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien cuestionó la manera en que fueron presentados los cuerpos de los integrantes de un grupo armado abatidos durante una operación en Guaviare.
La controversia por la forma en que el Gobierno nacional presentó los resultados de una operación militar en Guaviare llegó hasta el Ministerio del Interior, luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionara públicamente la exhibición de los cuerpos de las personas que murieron durante el operativo.
Marín manifestó que el Estado tiene la obligación de combatir a los grupos armados ilegales, pero cuestionó que los cuerpos de los fallecidos fueran utilizados para mostrar los resultados de una operación militar.
Su llamado estuvo relacionado con la necesidad de preservar la dignidad de las personas muertas y evitar que este tipo de imágenes hagan parte de la comunicación oficial.
Ante estas declaraciones, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió en defensa de la actuación del Estado y calificó como una “triste equivocación” la postura expresada por la funcionaria.
Lara sostuvo que no es correcto comparar las actuaciones de la Fuerza Pública con las de las organizaciones narcoterroristas, señalando que el Estado actúa dentro del marco de la ley y tiene el deber de enfrentar a quienes amenazan a la población.
“Equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad, no corresponde”, manifestó el ministro.
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La respuesta abrió un nuevo capítulo en la discusión, pues mientras la Defensoría insiste en cuestionar la manera en que se comunican y muestran los resultados de las operaciones, desde el Gobierno se defiende el accionar de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales.
La controversia se produce después de la operación desarrollada en Guaviare, cuyos resultados fueron presentados por el Gobierno como un golpe contra una estructura armada.
Las imágenes de los cuerpos generaron cuestionamientos por parte de distintos sectores, especialmente por la decisión de mostrarlos públicamente.
La defensora del Pueblo, por su parte, ha insistido en que su posición no significa oponerse a las operaciones militares contra los grupos armados, sino llamar la atención sobre los límites que debe tener la comunicación oficial cuando involucra personas fallecidas.
Así, el enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y la Defensoría deja sobre la mesa una discusión que va más allá del operativo militar: cómo debe comunicar el Estado sus resultados en la lucha contra los grupos armados y cuál es el límite entre mostrar la contundencia de una operación y preservar la dignidad de quienes murieron en ella.
