La intervención de 12 frentes de extracción ilegal en zona rural de Quibdó expuso cómo la minería ilegal presuntamente habría servido como fuente de ingresos para estructuras del Clan del Golfo, además de causar graves daños ambientales en el Chocó.
La minería ilegal no solo destruye ríos y selvas: también se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación del Clan del Golfo. Esa realidad quedó en evidencia tras un operativo de la Policía Nacional que permitió intervenir 12 frentes de extracción ilegal en el corregimiento de Guayabal, zona rural de Quibdó, debilitando directamente la estructura económica del grupo armado.
De acuerdo con las autoridades, estas minas ilegales funcionaban como un engranaje financiero que sostenía la presencia del Clan del Golfo en la región, permitiéndole obtener recursos para pagar mano de obra, mantener control territorial y fortalecer su logística criminal mediante la explotación ilícita de yacimientos mineros.
La operación fue desarrollada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con el Ejército Nacional, la ANLA, la Inspección de Policía de Quibdó y Codechocó, tras labores de seguimiento y patrullaje en zonas de difícil acceso donde se detectó la actividad ilegal.
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Durante la intervención, las autoridades lograron la destrucción de cinco dragas, 20 motobombas y 13 motores, equipos clave para la extracción clandestina de minerales en ríos y áreas boscosas. La maquinaria, avaluada en cerca de 275 millones de pesos, representaba un activo fundamental para el sostenimiento económico del grupo armado en esta zona del país.
Además del golpe financiero, el operativo expuso el impacto ambiental que deja este modelo criminal: contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio y químicos tóxicos, destrucción de la cobertura forestal y afectaciones graves a la fauna y flora del Chocó, uno de los departamentos con mayor biodiversidad de Colombia.
Las autoridades señalaron que la minería ilegal se ha consolidado como una economía criminal silenciosa, que no solo degrada el medio ambiente, sino que perpetúa la violencia y la ilegalidad en territorios históricamente vulnerables.
“El desmantelamiento de estos frentes ilegales significa cortar una fuente directa de financiación de las estructuras criminales. Atacar la minería ilegal es afectar su capacidad de operar y, al mismo tiempo, proteger el capital natural del país”, afirmó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.
